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Existen contradicciones que provocan confusión en la aplicación de normas jurídicas y lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. En las distintas instancias administrativas, como requisitos de trámites, solicitan la presentación de declaraciones juradas, pero, el Poder Judicial prohíbe usar dicho término, amén que el ejecutivo lo exige.

Esta dicotomía pone en aprietos a los cartularios, pues conceptualmente se puede usar las denominaciones: “declaración jurada”, “declaración notarial” o “declaración ante notario”, lo que ha ocasionado un sinfín de querellas.

El Poder Judicial por conducto del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, comunicó a la nación por medio de circular del 8 de octubre 2007, la decisión que prohíbe a los notarios autorizar en instrumentos públicos declaraciones juradas y advertir a los comparecientes a decir verdad bajo promesa de ley, toda vez que los únicos autorizados por competencia son las autoridades judiciales.

Muchos colegas y académicos han signado tal prohibición como un absurdo jurídico, toda vez que certificar los hechos es lo que se hace al redactar cualquier acta notarial, pues nuestra ley de notario lo permite en el primer párrafo, artículo 3. Lo que se prohíbe en el artículo 41 es que los cartularios emitan certificaciones de hechos que presencien y en los que no intervengan en razón de su oficio; solo a petición de parte o de los interesados se debe actuar.

Es legítimo y lícito que cualquier persona asista ante notario y declare sus hechos, y éste levante en escritura pública el acta correspondiente, y por tal el valor propio e intrínseco de esta actuación notarial; por tanto, no se trata de declaración testifical del compareciente, sino de un advenimiento privado y manifestar sin perpetuidad memorial los hechos, pues los mismos pueden ser cambiados, reformados, extendidos en otras declaraciones notariales.

En la práctica se continúan solicitando las declaraciones juradas, tanto en las instituciones del ejecutivo como en muchas municipalidades. El tachón está en la labor de los notarios que, ciñéndose a lo ordenado por la Suprema, deben llamar la escritura como acta notarial o declaración notarial.

El caso es que al acompañar dichos instrumentos con tales denominaciones, han tenido como respuestas que funcionarios que no son Abogados ni Notarios Públicos les devuelvan las escrituras con la nota subrayada en amarillo: el hecho se debe llamar declaración jurada. Actitud rígida y fuera de la obligatoria comunicación que debe existir entre los poderes del estado y consensuar en los términos.

Esto lo viví en carne propia con el caso de una clienta de las Pilas Orientales del Municipio de Masaya, en razón que su indignación fue tal que tuve que acompañarle a reclamar por tal disparate, y como resultado pude hablar con el director jurídico de la misma, quien me manifestó su asombro por ser la primera vez que le ocurría durante el tiempo que tenía de estar en el cargo; lo que evidencia dos aspectos: o los notarios siguen llamándole declaración jurada, o ciertos funcionarios actuantes de documentos se disponen al fondo y contenido de los instrumentos públicos presentados.

Ese incidente que para usted, amigo lector, pudiese ser insignificante, resultó de mayúsculo valor para mi clienta, pues, meses después de lograr llenar los requisitos solicitados por dicha institución estatal, tuvo como resultado legalizar completamente su situación: un hecho de sangre en el que como defensa salvó su vida.

Por favor, a los personeros involucrados, ajusten sus válvulas y recen los mismos requisitos, quiten de una vez por todas esa obligación de declaración jurada y pongan declaración notarial; mañana puede ser algún familiar cercano que viva lo de la señora de las Pilas.

 

* Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales