•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

En la Constitución vigente la potestad reglamentaria tiene la suerte de ser compartida entre el Presidente de la República y la Asamblea Nacional. Sus rasgos esenciales son establecidos por el texto constitucional. A partir de la reforma de 1995, la potestad reglamentaria se configura de la siguiente forma:

Corresponde el ejercicio de la misma al Presidente de la República. Las Leyes (categoría normativa que debe ser Reglamentada) sólo son reglamentadas cuando expresamente habilitan al Presidente de la República a reglamentar. En nuestro sistema constitucional vigente sólo se reglamenta lo que la Ley expresamente determina ser reglamentado.

Sólo se reglamentan las leyes que así lo requieran. En otras palabras, en nuestro sistema no existe la noción de reglamento independiente, y la potestad reglamentaria de que goza el titular del Ejecutivo sólo puede ejercerla si previamente existe Ley, y si existiendo previamente ésta, ella misma determina de forma expresa que debe ser reglamentada.

Existe un plazo de sesenta días para ejercer la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República. La Constitución apunta a que el plazo no debe ser mayor de sesenta días, y debe entenderse, por cuestión de lógica jurídica, que este plazo inicia a partir de la entrada en vigencia de la Ley. Estando vigente la Ley, el Presidente tiene un plazo fatal de sesenta días para ejercer su potestad reglamentaria.

La Constitución prevé una fórmula no muy común en el derecho comparado para Reglamentar las Leyes. En nuestro sistema constitucional, la Asamblea Nacional puede ejercer potestad reglamentaria, siempre y cuando operen varios supuestos: Que estando habilitado por la Ley a ser reglamentada, el Presidente no haga uso de la potestad reglamentaria en el plazo constitucionalmente señalado. Si este supuesto se plantea, la Constitución prevé que la Asamblea Nacional produzca el Reglamento. Y que una vez producido el Presidente de la Asamblea lo manda a publicar.

En tal sentido, la Asamblea tendrá como límites los propios supuestos constitucionales sobre la necesidad de reglamentar únicamente lo que requiere reglamento. La variante que introduce la Constitución es que no señala plazo para la realización de dicha potestad por parte de la Asamblea Nacional. Se entenderá que estando habilitado para realizarla, lo hará cuando considere necesario. En cualquier momento.

Todos los elementos anteriormente señalados nos conducen a sostener que no es posible en el ordenamiento jurídico nicaragüense ejercer la potestad reglamentaria cuando la Ley no habilita la misma, cuando la Ley no llama al Reglamento, cuando el legislador, quien produce la Ley, no decidió expresamente que la Ley fuese Reglamentada. Cualquier intento de Reglamentar una Ley sobre la base de supuestos distintos a los expresados, se aleja completamente de la regulación constitucional.

 

* Asesor Legislativo Asamblea Nacional. Docente Universitario