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La connotación y falta de seguimiento que la mayoría de medios de comunicación brindaron al nuevo Acuerdo Administrativo 006-2013 de Telcor, que descarta controlar los puestos claves en las empresas telecomunicaciones, fue casi por unanimidad celebrado por empresarios y principales medios de comunicación.

Sin embargo, con esta determinación surge la duda ¿los medios de comunicación están al servicio de las empresas de telecomunicaciones o se debe abrir un debate de interés público en materia de telecomunicaciones, que garantice la libertad de expresión y privacidad de los usuarios?

Tras el anuncio de Telcor pareciera que el derecho a la comunicación y libertad de expresión están plenamente garantizados, y que la decisión anteriormente tomada fue solo un pequeño desliz. ¿En realidad, con esta nueva disposición se garantizan los derechos de los usuarios? ¿Con este nuevo acuerdo se pondrá fin a las discrecionalidades del ente regulador?

Aunque de momento se cambió la decisión, lo cierto es que aquí no hay plena garantías ni para los usuarios ni para los operadores de telecomunicaciones. En el fondo las mismas transnacionales de telecomunicaciones tienen claro el actual limbo jurídico, producto de un marco jurídico desfasado.

¿La decisión de retirar a última hora el Acuerdo fue sólo un ensayo fallido o un ensayo de prueba y error? Aunque Telcor retrocedió en su estrategia, se debe tener presente que su director, Orlando Castillo, fue categórico en afirmar la preocupación que tiene el gobierno de que el sector privado administre las bases de datos.

Si el espionaje telefónico e Internet es un tema que le preocupa al gobierno, ¿por qué en último momento decidió echarse para atrás? ¿El cambio de decisión de Telcor únicamente fue por el clima de inversión como hacen creer a la opinión pública los empresarios? ¿Qué tipo de acuerdo hicieron empresarios y gobierno para llegar a feliz término?

Entre el mal mayor, el mal menor, dirán los optimistas, aludiendo que al lograrse un nuevo acuerdo se respetó la libre empresa y privacidad de los usuarios. Esta tesis puede tener ciertos matices de validez en el corto plazo, pero, en el mediano y largo plazo, ¿esta medida brindará garantía jurídica para usuarios y las empresas frente a los tentáculos de Telcor y su interés de controlar un asunto estratégico como el manejo de las bases de datos en Internet y Telefonía? ¿Será suficiente un acuerdo administrativo para alcanzar la seguridad jurídica en materia de Telecomunicaciones e Internet?

Dado que todavía está fresca la tinta del Acuerdo, tiene sentido que los asesores jurídicos y lobystas de las empresas de telecomunicaciones pasen a una postura de “avestruz mediática”, pero, ¿esta lógica de los empresarios debería ser la misma con que los medios armen sus agendas en materia de telecomunicaciones?

Hasta ahora el comportamiento de los medios, salvo poquísimas excepciones, ha sido corear ante la opinión pública que el nuevo acuerdo administrativo ha sido la panacea para garantizar la privacidad de los usuarios. Un hecho que evidencia la influencia que ejercen las empresas de telecomunicaciones en las agendas de las mayorías de los medios en Nicaragua.

Los medios continúan con el desafío pendiente de fiscalizar al sector privado. Lejos de actuar con autonomía, aplican la misma lógica de las empresas. Deberían recordar que si el silencio para las empresas de telecomunicaciones resulta estratégico frente al ente regulador, el silencio para los medios de comunicación tiene una connotación distinta.

El silencio que han mostrado los medios a raíz del nuevo acuerdo solo vulnera su credibilidad e independencia. Actuar con la misma lógica de las empresas de telecomunicaciones equivale a hacer una lectura programática de que los medios nutren sus agendas en materia de Internet y Telecomunicaciones bajo los intereses y hegemonía de estas transnacionales, y no desde el interés público de los usuarios y ciudadanía.

Los medios todavía están a tiempo de desmarcarse de la influencia de las empresas de telecomunicaciones, y construir una agenda propia, que incentive un debate acerca de nuevos marcos jurídicos que garanticen el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el manejo y resguardo de las bases de datos.

El contexto actual brinda la oportunidad para que los medios recobren su autonomía y demuestren que sus agendas no están al servicio de las empresas de telecomunicaciones, sino que se tejen a partir del interés público.

 

* Comunicólogo