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La celeridad con que se destruye nuestra gran reserva de Biosfera y el cinismo que esconden las explicaciones, por su irresponsable gestión ambiental, son una evidencia de lo mal que se ha gobernado Nicaragua en varias décadas. No bastó que la UNESCO la declarase en 1998 Pulmón de Centroamérica por ser la tercer reserva más grande del planeta, y por ello patrimonio de la Humanidad.

De nada sirvió tener una Ley de Medio Ambiente (1996), que regula la administración de nuestros recursos naturales. Desfilaron desde entonces cuatro gobiernos diferentes y con ellos jactanciosos discursos ambientales por la Madre Tierra, incluso se creó en enero de 2011, un Batallón Ecológico del Ejército para salvaguardar Reservas y Áreas Protegidas. Por si eso fuese poco para “almacenar institucionalidad”, en 2008 crearon por Decreto presidencial los Gobiernos Territoriales Indígenas -GTI-, que tutelan las zonas núcleo y de amortiguamiento de Bosawás, teóricamente con el apoyo de los ministerios del Gobierno Central.

Además de múltiples alertas y valientes denuncias de tala y tráfico ilegal de tierras realizadas en reiteradas ocasiones por líderes indígenas mayangnas; varias organizaciones ambientalistas de la sociedad civil hemos demandado el cese al despale realizado por colonos y grandes madereros a vista y paciencia de las autoridades, enriqueciéndose a costa de nuestro patrimonio.

Es conocido por varias fuentes, y se refrenda en el estudio de Agencia Alemana (GIZ), que Bosawás ha perdido en los últimos 20 años más de medio millón de hectáreas de bosque, y que a partir de 2005 se aceleró el ritmo de destrucción de éste y sus recursos hídricos, pasando las 40 mil hectáreas por año. El panorama desolador de las zonas de amortiguamiento ha llegado a dañar el 20% del núcleo. La frontera agrícola y ganadera avanzan sin que ninguna institución actúe, pese a que localmente se conoce quienes están detrás de los negocios ilícitos.

Las comunidades rurales de Waslala, Siuna, Rosita y Bonanza, entre otras que colindan con Bosawás, están despaladas y lamentan la carencia de agua, resignándose a usar pequeñas fuentes hídricas que no cubren la demanda de las familias. Lo mismo sucede en áreas rurales de Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales, donde además las aguas subterráneas son muy escasas. Pareciera que esto no le importa a los Concejos Municipales, ministros, asesores, diputados y líderes.

En oposición, a mediados de 2012 el Presidente Ortega reformó el Decreto regulador de las Reservas Naturales (privadas y públicas), vulnerándolas al permitir las obras que conllevan más despale o actividades económicas depredadoras. ¿Cómo se explica esto presumiendo una política de gestión ambiental responsable?

Aun disponiendo del marco jurídico, instituciones, autoridades locales y discurso, todos los gobiernos han sido negligentes en la protección de Bosawás y otras reservas naturales. Ni siquiera reaccionaron frente a las advertencias de riesgos por el cambio climático, tema que incluso se aborda hasta en los prescolares. No hay elementos que indiquen la existencia de conciencia, voluntad y compromiso.

Ante la grave situación develada por indígenas y medios de comunicación este mes, posiblemente se responda con operativos militares y campañas apabullantes de que “ahora sí todo se pondrá en su lugar”; pero esto amerita una estrategia convincente. Los ciudadanos no debemos conformarnos con respuestas al estilo de las aceptadas por la señora Irina Bokova de UNESCO, quien no se dio la oportunidad de escuchar a diversos sectores de la sociedad civil. El daño a Bosawás es brutal y su recuperación debe ser monitoreada por todos los actores, sabiendo que los depredadores tienen poder y dinero para influir a favor de sus intereses.

Las autoridades del país están aplazadas al permitir la destrucción de Bosawás, e incumplen los derechos de los pueblos indígenas que la habitan. Carecen de credibilidad en la gestión ambiental y en sus manos el bosque puede morir en pocos años. Los efectos de ese crimen ambiental sobre la vida, el clima, la seguridad alimentaria y disponibilidad de agua, nos llegarán en poco tiempo.

Los ciudadanos debemos hacer control social y exigir que al menos cada semestre el Gobierno Central, autoridades locales y el Ejército Nacional rindan cuentas de la gestión ambiental en las reservas naturales. Demandar información pública permanente sobre el estado de Bosawás, y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas que continúan viviendo en condiciones deplorables, así como la reubicación inmediata de los invasores con sus propias soluciones estructurales.

El artículo 52 de la Constitución nos otorga el “derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

Actuemos con responsabilidad, Bosawás realmente está herida de muerte.

 

* Plataforma por el Desarrollo Sostenible