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Cada vez que por razones de mi profesión conozco a un juez o magistrado, me pregunto si él o ella aplicará --de manera razonada-- en las sentencias que dicta el artículo 160 de la Constitución Política (Cn.): La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.

La interrogante obedece a que la educación que se imparte en las Facultades de Derecho y las capacitaciones que brinda la Escuela Judicial, son insuficientes para tener los conocimientos necesarios que permitan entender, y por consiguiente, aplicar lo dispuesto en el precitado artículo en los casos que corresponde resolver a los judiciales. Aunado a esto, en nuestro país hasta el día de hoy se sigue creyendo y pensando --esto último más peligroso-- que saber derechos humanos es recitar algunos instrumentos internacionales de la temática, iniciando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás, que dicho sea de paso, están citados también en los artos. 46 y 71 de nuestra Cn.

Otro razonamiento del que he sido testigo en innumerables ocasiones y en variopintas circunstancias, consiste en considerar a los derechos humanos como algo etéreo, superfluo, inútil,… que no tiene ninguna vinculación directa con la Ley, dada la preparación básicamente positivista legalista del gremio, algo por supuesto que no es exclusivo de nuestro país.

Así las cosas, el común denominador sobre derechos humanos que podemos encontrar en las sentencias de los jueces o magistrados, con independencia de la materia (civil, penal, laboral o de familia) o de su posición jerárquica (locales, de distritos, apelaciones o de la misma Corte Suprema de Justicia) son transcripciones de artos. del Título IV de la Constitución Política denominado “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense” --desprovistas de análisis y razonamiento técnico--, incluyendo por supuesto el arto. 46 y 71, a la vez que se desconoce que la lista de instrumentos internacionales descrita en el primer arto. es abierta (numerus apertus), no cerrada (numerus clausus), es decir, que igualmente se deben tener en cuenta otros tratados, pactos, declaraciones, convenciones, protocolos, provenientes del Sistema Universal de la Organización de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos, que el Estado de Nicaragua haya ratificado, y por tanto, incorporado a su ordenamiento jurídico nacional. Por si fuera poco, importante jurisprudencia y doctrina sobre derechos humanos desarrollada en el ámbito internacional, es casi totalmente desconocida por los operadores de justicia nacionales. Si estuviera equivocado en estas afirmaciones, desearía conocer pruebas que indiquen aspectos distintos a los aquí expuestos.

Ahondando más, imaginemos aquellos casos en los que jueces y magistrados tienen que aplicar leyes en las que una o más disposiciones son contrarias a la Constitución Política, cabría preguntarse si las autoridades judiciales hacen uso o no de la derogación tácita, que permite el arto. 182: La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Asimismo, es válido indagar qué sucede entonces cuando la pugna está entre lo dicho por la Constitución y un tratado de derechos humanos: ¿acaso será legal que un juez determine “sin valor” este último, en obediencia a la Constitución? La solución es sencilla y controversial a la vez, dado lo que supongo ya estarán queriendo responder los judiciales.

Lo anterior nos lleva a plantear la cuestión de las dos formas de manifestación de toda norma jurídica de la que nos habla el jurista alemán Robert Alexy: como regla o como principio. El debate se amplía más, porque hay casos en los que la regla prevalece sobre el principio, o viceversa; o más complejo aún, cuando se tiene que resolver un caso concreto, habiendo varios principios en pugnas entre sí, y varias reglas en igual situación. Podemos traer a colación casos relacionados con los derechos siguientes: petición, protección contra el hambre, vivienda digna, protección de la unión de hecho, el derecho a la información veraz, y la rectificación, entre otros, que reconoce la Constitución Política, pero que no cuentan respectivamente con leyes especiales que desarrollen dichos derechos.

¿Cómo resolver este tipo de casos? ¡Ah!… si alguien piensa que todavía éstos no llegan a los Juzgados, no supongan que es porque no se vulneran los derechos referidos, y otros más que van unidos, en virtud de los “principios” de dignidad de la persona y de interdependencia e indivisibilidad de los mismos, reiterados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. Obviamente, las razones de esto quizás tenga que ver con dar por un hecho que la única vía que tienen las personas para hacer valer directamente sus derechos humanos en los aparatos jurisdiccionales, sea a través de los tres recursos con frecuencia más utilizados: exhibición personal (detenciones ilegales), amparo (por actos o resoluciones de funcionarios públicos contrarias a los derechos humanos) e inconstitucionalidad (por la aprobación de leyes que están en contravención con la Constitución Política).

Resulta oportuno en esta parte citar lo afirmado en 1999 por el jurista español Pablo Pérez Tremps sobre el recurso de amparo: […] «el recurso de amparo en Nicaragua ha sido más un instrumento de control jurídico de las administraciones públicas que de defensa propiamente de los derechos fundamentales. El establecimiento de una jurisdicción contencioso-administrativa debe conducir, pues, a reorientar el recurso de amparo, concretando más su objeto, y dejando de ser ese cajón de sastre en que cabe cualquier impugnación frente a las administraciones públicas mediante una laxa lectura del contenido de los derechos fundamentales» .

La advertencia es clara incluso casi diez años después, al no existir una verdadera ley y jurisdicción contencioso-administrativa que permita a la ciudadanía recurrir los actos de la administración pública, el recurso de amparo por su parte, se verá perennemente utilizado para zanjar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los órganos públicos, perdiendo así su esencia de garantía judicial de los derechos humanos recogidos en la Constitución, leyes o tratados internacionales, que no lograron ser protegidos en la jurisdicción ordinaria.

De esta manera, la administración de justicia se torna cada vez más problemática en nuestro país. De ello dan fe no sólo actos de corrupción en los órganos jurisdiccionales, sino también la formación académica de quienes dictan los fallos, creyendo únicamente que su labor primordial es aplicar la ley, sin motivar o razonar clara y concienzudamente sus resoluciones mediante el prisma también de los derechos humanos, sin retórica o rellenos de oscurantismo que las partes procesales y la población en general logren entender y utilizar para gozar realmente de una seguridad jurídica.

Por tal situación, las autoridades del sistema judicial deben re-pensar sus funciones, y las consecuencias de éstas en la vida de miles de nicaragüenses que a diario acuden a los tribunales en busca de la ley, o sea, de los derechos humanos en cada uno de los casos que presentan a su competencia, como se indica el arto. 160 de nuestra Carta Magna.


*Máster en protección de los derechos humanos, Universidad de Alcalá, España.

agateyte@yahoo.es