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Dentro de la vorágine levantada por la inefable ley 779, he podido leer opiniones vertidas por sectores minoritarios, éstos se devanan el cerebro para encontrar argumentos que justifiquen la reprochable e inadmisible legislación. Los defensores de la ley usan tres ejes esenciales: 1) No reconocen las cuotas de poder obtenidas por las mujeres en la sociedad. 2) Invocan convenciones internacionales. 3) No rebaten los roces que la ley 779 tiene con la Constitución Política.

Con el primer eje, intentan manipular los sentimientos del ser humano, se apoyan en situaciones del pasado ya superadas, como cuando la mujer se dedicaba a las tareas domésticas; cuando su rol era parir y cuidar hijos; cuando no tenía voz ni voto; cuando apenas aprendía a leer y escribir; cuando no ejercía profesión y oficios; cuando dependía económicamente del hombre; cuando vivía alejada de los asuntos de Estado y de Gobierno.

¿Ese panorama pintado por los apologistas de la 779, es real o se trata de situaciones que nada tienen que ver con el presente? ¿Hay acaso discriminación contra la mujer en el Estado y en la sociedad? ¿Por qué entonces en la Corte Suprema de Justicia, fue electa como Presidenta una mujer? ¿Por qué la Policía Nacional tiene como Directora Nacional a una mujer? ¿Por qué en el poder judicial el 75% del personal son mujeres, en su mayoría jueces y magistradas? ¿Por qué en la Policía Nacional, un alto componente son mujeres y ostentan cargos de Comisionadas Mayores etc.? ¿Por qué en el Parlamento Nacional, Alcaldías municipales, la mujer es diputada, alcaldesa, concejala? ¿Con estas estadísticas de qué clase de desigualdad se habla?

Segundo eje. Los que defienden la ley de la mujer se han apartado de la Constitución Política de Nicaragua, la ley Fundamental de la República; la han sustituido con la “Convención para la eliminación de la Discriminación contra la mujer” y la “Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. No obstante, quien haya leído las convenciones podrá percatarse que en ellas no se faculta al Estado para promulgar leyes que fomenten la desigualdad jurídica contra el género masculino, por el contrario, los tratados hacen énfasis para que hombres y mujeres vivan en condiciones de igualdad; situación que no observa ni respeta la ley 779, pues en su normativa impone un procedimiento inquisitorio, donde la palabra de la mujer está por encima de cualquier duda. Es ahí donde se hace pedazos el principio de presunción de inocencia.

Tercer eje. Hay diputados jactanciosos que dicen ostentar conocimientos jurídicos, mas cuando hablan de la 779 se van en pura retórica; aun ahora refieren que lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política es puro formalismo, y que para materializar la igualdad entre hombres y mujeres se precisa de una ley tipo 779. Solo una mente obstinada puede enarbolar semejante argumento.

No puede considerarse desde ningún punto de vista formalista lo estatuido en el artículo 27 de la Carta Magna, el cual dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica y condición social”.

No han sido capaces de interpretar los alcances legales que tiene el principio constitucional de igualdad, confrontado de cara a los principios inquisidores de la ley 779. La Constitución es como la cruz, que se presenta al demonio, los apologistas de la ley se van por las ramas, evaden el bulto, sin embargo abiertamente confiesan que para que exista igualdad entre hombres y mujeres es preciso sacrificar al hombre. Sin vergüenza alguna reconocen que es imposible la igualdad formal y material entre ambos sexos, por lo que es menester sacrificar al más fuerte (el hombre) para darle más igualdad a la más débil (la mujer).

En la obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo se hizo famoso con la frase “El fin justifica los medios”. Aplicando el aforismo maquiavélico a la 779, la cual persigue detener la violencia contra la mujer, vemos que para lograr tal propósito ha sido preciso pisotear principios constitucionales.

 

* Abogado y notario