•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

La propia sobrevivencia de estas gentes y de la propiedad sobre sus tierras será obra de ellos mismos. Y esto se hace una verdad en la medida que pasan los días y no se ven más que decisiones timoratas y burocráticas desde Managua ante los desenfrenados abusos y los destrozos en la Reserva Bosawás y ahora en la Reserva Indio Maíz y otros territorios. De ahí que los mayagnas, mískitos, ramas y afrodescendientes deben darse a la tarea de la autodefensa, armados con la conciencia de sus derechos y de su identidad, para asegurar los recursos para la vida de sus familias y la existencia de sus culturas y sus valores espirituales y tradiciones.

En realidad les asisten a estos pueblos todos los derechos humanos que se han podido conquistar y que son imprescriptibles; nadie puede negárselos o conculcárselos. Estos derechos, y vale repetir, humanos y constitucionales. Entre estos derechos consagrados en instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua, está el derecho a la tierra y la propiedad comunal.

Solo véase la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) en los artículos 25 al 38, y se constatarán los derechos sobre tierras y recursos naturales que nadie puede afectar, explotar; tampoco vender o enajenar tierras que son propiedad de las comunidades o pueblos indígenas, las cuales están protegidas jurídicamente. Recordemos que esta Declaración fue promovida por muchos Estados del mundo, entre los que estaba Nicaragua.

Según la citada Declaración, en sus artículos 18 y 19, también debe darse la participación en las decisiones que se tomen sobre cuestiones que afecten sus derechos y deben celebrarse consultas para obtener su consentimiento libre, previo e informado. La consulta previa es un derecho.

Igual en el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989, 2011) ratificado por la Asamblea Nacional de Nicaragua; la Parte II, denominada Tierras, está dedicada a la propiedad y posesión sobre las tierras que estos pueblos ocupan tradicionalmente y los gobiernos y Estados deben garantizar la protección efectiva a esos derechos ya pactados y universales.

Asimismo, la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 89 dice: “El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra en las comunidades de la Costa Atlántica, igualmente reconoce el goce, el uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales”.

Además, protege a estos pueblos el Estatuto de Autonomía de las regiones de la Costa Atlántica, Capítulo IV, artículos 18 y 19 que regulan, protegen y promocionan el desarrollo con los recursos naturales y fomentan la cultura en esos territorios cuyos dueños son de los primeros pobladores de este país.

De tal manera que para los casos y los graves problemas de las reservas de biosfera, las invasiones de tierras comunales y el despale, son aplicables todas estas leyes y, por supuesto, lo que está normado en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (1996) y la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (2005), lo que está en juego es la vida y el futuro de nuestros pueblos indígenas.

 

* Profesor