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Las nuevas tarjetas de transporte público en Managua vendrán a agilizar el sistema y a prevenir robos según las autoridades. Sin duda parece sensato el planteamiento, pero no así el hecho que para adquirir estas tarjetas exista la obligatoriedad de identificarnos, ya que esto configura una violación a nuestro derecho a la vida privada.

Al reflexionar un poco sobre esto, es imposible no pensar en 1984 de George Orwell donde describe una sociedad vigilada y gobernada por un régimen totalitario encabezado por el Gran Hermano. Si esta analogía le parece exagerada, considere que si una tarjeta de transporte identifica al usuario de la misma, al estar vinculado con el número de su cédula, el sistema podrá disponer de información sobre los puntos y horarios donde se moviliza el usuario de transporte.

El derecho a la intimidad que tenemos las personas comprende información referida a nosotros o nuestra familia que simplemente no queremos sea de conocimiento público o de terceros y es protegido por el Art. 26.1 de la Constitución. Este derecho puede ser restringido, pero esa restricción tiene como límite la intromisión arbitraria del Estado en la vida privada.

Para determinar que es una intromisión arbitraria en la vida privada en este caso, le corresponde al Estado acreditar la imperiosa necesidad de asociar el número de cédula del usuario, con la tarjeta para usar el transporte público. Si no se justifica la referida asociación, entonces es una intromisión arbitraria y en consecuencia violatoria del precepto constitucional.

En países de Latinoamérica como Chile, Colombia y México entre otros, que tienen un sistema similar, no requieren que se identifiquen las personas para adquirir una tarjeta de transporte público. En los mismos EE.UU. con todo y su despliegue de seguridad antiterrorista y antiinmigrantes, pueden comprarse las tarjetas de transporte público en los autobuses y estaciones de metro.

Justamente el ejemplo de EE.UU. me lleva a concluir que en Managua el derecho a usar transporte público lo están desnaturalizando y convirtiéndolo en un derecho político. Para elegir y ser electo en Nicaragua hay que ser ciudadano, hecho que se acredita justamente con la cédula de identidad, pero en Managua para adquirir una tarjeta de transporte público, no basta ser persona y tener el dinero, sino, hay que ser ciudadano.

A muchas personas talvez no les importe que el Estado tenga información sobre su itinerario, posiblemente algunos empleados públicos accedan por el temor a ser despedidos como en 1984. Por mi parte, exijo que se establezca un mecanismo que nos permita a las personas adquirir una tarjeta de transporte sin el requerimiento de asociarlo a nuestra cédula de identidad o cualquier otro requisito que le permita al Estado identificar al usuario de transporte para que se respete el derecho de las personas a su privacidad, tal y como opera en otros lugares que tienen este sistema.

 

* Maestro en Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana de México

uriel.pineda@correo.uia.mx