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La crisis económica y financiera que sacude el globo en este tiempo constituye una magnífica oportunidad para pensar en la misma globalización desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, mientras la actividad económica y financiera se ha mundializado a gran velocidad, el derecho ha ido perdiendo posiciones. Hasta el punto que bien podría afirmarse que en este momento el derecho corre varios, bastantes cuerpos por detrás de la economía, por usar un símil hípico.

En efecto, no hay que más echar una ojeada a algunos de los principales desafíos que tiene planteado el planeta en este momento para certificar la incapacidad de la actual ONU para encauzar o encarrilar estos conflictos. Entre otros, podríamos citar el problema de Oriente Medio, la pervivencia de las dictaduras que están en la mente de todos, o la inmensa pobreza que todavía asola grandes regiones de este mundo, en forma de graves carencias de agua, de alimentación o de vivienda. Estas cuestiones, y otras más que todos conocemos bien, deberían ser objeto del trabajo de una autoridad global que pudiera gobernar, con legitimidad popular por supuesto, los asuntos de interés general de naturaleza mundial.

La magnitud de los problemas que hoy sacuden a tantos millones de ciudadanos reclama que se puedan tomar medidas eficaces que permitan razonablemente albergar fundadas esperanzas en su resolución. Hoy por hoy, sin embargo, el marco de la ONU está anclado en el pasado sin apenas opciones reales de encarar el presente y el futuro con garantía. Por eso, la gobernanza o gobernabilidad global en un marco de juridicidad debe ser una prioridad de la agenda de los principales mandatarios. De esta manera podrían empezar a resolverse estos grandes retos, entre los que también se debería contar con el desarme nuclear, la seguridad global, la paz, el medio ambiente o la inmigración. Materias todas ellas que requieren de entendimientos más abiertos y globales.

Pues bien, en el marco de esta aspiración a una gobernanza, gobierno o gobernabilidad global es menester llamar la atención sobre la importancia de que esté fundado sobre las bases del Estado de Derecho. En materia económica y financiera hemos comprobado qué ocurre cuando el Derecho no cuenta o es un obstáculo. El Derecho, en efecto, ayuda a que el Gobierno sea ejercido en un marco de racionalidad y de justicia. El Derecho, es obvio, facilita que la actividad económica y financiera discurra por el sendero de la objetividad.

La realidad, empero, nos enseña que el Derecho Público se intenta orillar. Por una sencilla razón. Porque en amplios sectores del ámbito gubernamental público no interesa la transparencia, ni la publicidad, ni la racionalidad, ni el control, ni la supervisión, ni la vigilancia. Es una palabra, a pesar de los siglos transcurridos, se sigue conformando el ejercicio del poder desde la versión de la fuerza. De una fuerza desprovista de límites materiales, de una fuerza que arrasa cualquier ejercicio de limitación que salga a su paso.

En el mismo sentido, la crisis económica y financiera vivida da prueba de ello. Después de lo que ha pasado estamos volviendo a las andadas por la sencilla razón de que no se quiere, de verdad, terminar con el reino de la especulación y del lucro. Se han puesto algunos parches más o menos visibles, pero, en realidad, los de siempre quieren seguir manteniendo la posición como siempre. Y, para ello, como bien sabemos, se sigue doblegando al derecho hasta convertirlo, por la cobardía de muchos de sus operadores, en simple expediente que proyecta hacia el exterior, con apariencia de legitimidad material y formal, las más obvias expresiones del poder absoluto, tanto de determinados poderes financieros, como de las terminales de las formaciones partidarias.

Para evitar que la gobernanza a nivel global acabe siendo una instancia de dominación de los países ricos sobre los pobres deben garantizarse claros espacios de subsidiariedad, de solidaridad o de bien común y asumirse un radical compromiso a favor de la centralidad de la dignidad del ser humano. En otras palabras, el Derecho, que no es ni más ni menos que la ordenación racional de las relaciones sociales de acuerdo con la justicia, debe estar presente en las regulaciones de la gobernanza política y económica que se están preparando.

 

* Catedrático de derecho administrativo