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La polémica marítima entre Venezuela y Colombia sobre el Golfo de Venezuela –siempre planteada, pero nunca resuelta– tiene curiosas analogías con la disputa marítima colombo-nicaragüense que resolvió el 19 de noviembre pasado la Corte Internacional de Justicia.

Las afinidades marítimas entre Nicaragua y Venezuela no son nuevas, por el contrario, datan desde los años 70/80, cuando se negociaba lo que en diciembre de 1982 llegó a ser la Convención sobre el Derecho del Mar. A la sazón, se creó un grupo negociador (“GN”) compuesto por 28 países, 14 de ellos “anticuerpos” de los otros 14, contrapuestos en criterios de delimitación de fronteras marítimas.

Entre ellos antagonizaban, por ejemplo, Grecia y Turquía. Nicaragua y Venezuela fuimos entonces en el seno del “GN-28”, aliados en geopolítica marítima contra el entonces “temible” embajador colombiano Héctor Sharry Samper, tan docto como híper sarcástico.

Si desde entonces Nicaragua y Venezuela fuimos aliados contra Colombia por afinidades de intereses marinos, a fortiori deberíamos actualmente acrecer nuestra “cofradía marítima”, no solo porque ello encaja en las entrañables relaciones entre ambos países, sino también, porque Colombia desdeña contumazmente la citada sentencia del tribunal mundial, al tiempo que las relaciones entre Venezuela y Colombia se han enturbiado por razones otras que las de la pendencia marítima en torno al Golfo de Venezuela, más el irritante anuncio de que Colombia, como “acabose”, desea engancharse al garrote de la OTAN. Todo ello irroga que diplomáticamente quepa robustecer el tándem nica venezolano frente a un adversario común.

El Golfo de Venezuela, objeto de la camorra marítima entre Venezuela y Colombia, está situado entre las penínsulas de la Guajira, al Oeste en Colombia, y la península de Paraguana, al Oeste en Venezuela; y tiene como frontera imaginaria entre el Golfo propiamente y el Caribe al archipiélago “Los Monjes”, situado a unas 20 millas de las costas venezolanas.

Dicho archipiélago, aunque está mucho más cerca de Venezuela que de Colombia, este porfía que Los Monjes le pertenece, invocando títulos históricos coloniales similares a los que Colombia alegó contra Nicaragua en la disputa que la Corte de La Haya transó en noviembre pasado.

Pero contra ese tipo de alegatos colombianos sabemos a esta fecha, que fueron los argumentos propios del Derecho del Mar y no las devociones fervorosas históricas las que aseguraron la ventaja de Nicaragua sobre Colombia.

Pues igual buena suerte podría correr Venezuela contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia si se anima a terminar de tajo esa gresca marítima en el golfo homónimo a la voz “Venezuela”, antes de que a finales de noviembre de este año se haga efectiva la denuncia que hizo Colombia contra el “Pacto de Bogotá” de 1948, cuyo artículo 31 amarra al país de la cumbia a dicha Corte.

El Derecho del Mar engendra su propia geopolítica y no pocas veces esta es distinta de la geopolítica habitual “terralizada”.

Nicaragua y Venezuela tienen, pues, común denominador de geopolítica marítima frente a Colombia. Hagamos, pues, Nicaragua y Venezuela, causa común también en el inmenso distrito azul del mar y en el derecho que lo rige. Hago votos porque Venezuela se anime a judicializar en el tribunal mundial su pendencia contra Colombia sobre el Golfo de Venezuela.

 

* Especialista en Derecho Internacional, Universidad de Niza, Francia