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Si bien es cierto que en materia penal la prescripción no es uno de los temas que despiertan mayor interés en los ámbitos legales, ni uno de los favoritos entre los entendidos en la materia, vale la pena dedicarle más atención y proceder a su análisis más meticuloso, dada la importancia que tiene y ha tenido siempre en el devenir histórico.

El Derecho alcanzó su nivel más elevado en la Roma de los sabios juristas, Ulpiano, Pomponio y Triboniano, quienes fueron, entre otros, los que lograron la compilación y la extraordinaria sistematización de su estructura, en el que destacó la institución de la prescriptio longi temporis, uno de los postulados del Derecho Romano, que le legaron para siempre a la humanidad.

En Derecho Penal, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal basada en el transcurso del tiempo. Para la prescripción de la acción penal es indispensable que se haya agotado el plazo del tiempo señalado por la ley para poder ejercerlo, plazo que comienza a contarse desde la fecha de la comisión del delito, y su duración varía de acuerdo con la legislación que se pretende aplicar.

A ese efecto, el artículo 130 de nuestro Código Penal, en su acápite f), consigna que la responsabilidad penal se extingue por la prescripción legal; y, el artículo 131, dispone que la acción penal prescribe: a) a los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años; y, b) a los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de diez años y menos de quince.

Si todo lo manifestado lo referimos al delito de violación, que lo comete, según el artículo 168 del Código Penal, quien tenga acceso carnal con una niña menor de catorce años de edad, cualesquiera fueran las circunstancias que incidieran en tal crimen y, aun en los casos en que la niña hubiera dado su consentimiento, el que será sancionado con una pena de doce a quince años de prisión.

Como corolario de todo lo expuesto, si el indiciado de haber violado a una niña de doce años de edad, recurre ante autoridad competente alegando en su defensa el recurso de prescripción de la acción penal, necesita, de previo, establecer la fecha en que comenzó a contarse el tiempo señalado para que se opere la prescripción, fecha a partir de la cual comenzó a contarse el tiempo señalado para que pudiera operarse la prescripción; fecha esta, que no es otra que la de la violación.

Eso en realidad equivale a confesar que en la fecha señalada como punto de partida cometió el delito, pero que no puede procesársele por tal crimen por haberse extinguido por el transcurso del tiempo la correspondiente responsabilidad penal. Lo mismo ocurre en materia civil, cuando un deudor moroso y fraudulento se niega a pagar lo que debe, alegando en su favor únicamente que no puede ser demandado porque la deuda prescribió.

Volviendo a la materia penal, el juzgador debe establecer debidamente cuándo se cometió la violación; si esta quedó consumada en un solo acto o si fue un delito que se siguió cometiendo repetitivamente, o sea delito continuo o de tracto sucesivo en el tiempo, cuya fecha de conclusión no ha podido determinarse, para poderse contar desde esa fecha el tiempo requerido para la prescripción y, sobre todo, tomando en consideración lo que a nivel universal proclama la doctrina penal, que se pronuncia dogmáticamente en el sentido de que la prescripción no corre contra quien no puede ejercer una acción, lo que, en todo caso es obligación del Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) en cuya Ley Orgánica, exactamente en el inciso 5 del artículo 10, está señalado que el Ministerio Público está obligado a ejercer la acción penal por delitos reservados exclusivamente a la querella privada, cuando los ofendidos sean personas incapaces.

De tal manera que si la víctima de una violación es una niña de doce años y el Ministerio Público no cumplió con la obligación que la ley expresamente le señala, no queda más que reconocer que el tiempo para la prescripción aún no ha comenzado a correr.

Vale la pena hacer referencia al nuevo Código Penal de España, del que Nicaragua mal copió la mayor parte de su articulado para incorporarlo a nuestro Código Penal. El Código Español señala en el inciso 4 de su artículo 131, que “el delito de genocidio no prescribirá en ningún caso”.

Inspirados en esa disposición legal, deberíamos luchar los nicaragüenses para que además del genocidio, en una próxima reforma a nuestra ley penal se agregaran como delitos imprescriptibles, la traición a la patria, la violación y toda clase de crímenes que se cometan en contra de los niños, a los que el Ministerio Público en vez de protegerlos, los expone con sus omisiones culpables a seguir siendo las víctimas de los depredadores que gracias a sus influencias, a las riquezas que atesoran o al poder político que ostentan, gozan de la impunidad que los coloca no sólo contra las leyes, sino sobre las leyes, en este desventurado país.

 

* Abogado