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En un artículo publicado el 28 de septiembre titulado: “¿Los días multa corresponden a un principio igualitario?, se pretende refutar los planteamientos expuestos en un escrito que publiqué, en este mismo diario, el pasado 17 de septiembre y que llevaba por título “El costo del día multa”.

Tres cosas son las que el autor señala como conclusiones básicas: La primera, que es inexacto hablar del “costo del día multa”, que “la multa no es un costo para el penalizado (sic), sino una pérdida económica”, que en vez de hablar de “costo” debe hablarse más bien de una “cantidad de dinero a pagar”. La segunda, que el sistema de multa tasada de aplicación general “aún subsiste como pena en el Código Penal, para las faltas leves”, por lo que si yo sostengo que ese sistema es inconstitucional, estoy diciendo entonces que el nuevo Código, en lo que a la multa corresponde, también es inconstitucional. La tercera, y quizá la más importante de todas, que no es acertado sostener, como lo hago en mi artículo, que el principio constitucional de igualdad se materializa en las leyes ordinarias, como el Código Penal, tratando de forma diferente los casos que son diferentes, y que el sistema de días multa introducido por el nuevo Código, es una manifestación de ello. Por el contrario, sostiene que la pena de días multa está basada “en razones económicas”, en la “conveniencia de reducir la población en los penales”, no porque el legislador haya tomado en cuenta “algún principio de igualdad”.

La primera cuestión, la de de si es apropiado hablar del costo del día multa, ha sido rebatida por los propios lectores en sus comentarios a la versión electrónica de este diario. Con fecha más reciente han aparecido sendos artículos de opinión en los que otros comentaristas también se refieren al tema. Ellos, al igual que yo, consideran que es acertado hablar de “costo” cuando se trata de una cantidad que se debe pagar, no como una contraprestación por un servicio como se dice en su significación literal, sino como una obligación derivada de la infracción de una ley. La palabra costo se utiliza aquí en sentido traslaticio de paralelismo con su significado gramatical, y con ella se quiere significar que su “determinación” e individualización es el resultado de una operación aritmética en la que se toman en cuenta los ingresos del procesado y la extensión de la sanción establecida en el Código Penal, de ahí que no sea igual para todos.

La segunda conclusión, la que afirma que en el nuevo Código aún subsiste la pena de multa tasada en cantidades líquidas, es completamente errónea. La multa como sanción penal puede ser de tres tipos: multa tasada, que es cuando la ley establece una cantidad que oscila entre un mínimo y un máximo, por ejemplo, multa de cien a quinientos córdobas. Multa proporcional, como la que se aplica en delitos y faltas de defraudación aduanera, defraudación tributaria o contrabando, en la que se condena al pago de una cantidad equivalente al doble o al triple de lo defraudado, hay que determinar primero cuánto es lo defraudado para luego saber a cuánto asciende la multa. Días multa, en lo que, atendiendo a la gravedad del hecho, la ley señala la cantidad en días de salario que una persona debe pagar como consecuencia directa de la comisión de un hecho delictivo. Puedo decir, con absoluta certeza, que las únicas penas pecuniarias existentes en el nuevo Código son la multa proporcional y el día multa. La multa tasada fue excluida de propósito.

La tercera conclusión tiene que ver con el principio de igualdad. Hay que advertir de inmediato que no es apropiado confundir igualdad con igualitarismo. Tampoco se deben mezclar y mucho menos trasladar los presupuestos de uno de los conceptos para el entendimiento del otro. Cuando yo sostengo que la pena de días multa representa la concreción material del principio de igualdad, me estoy refiriendo a la institución jurídica que tiene como asidero, nada más y nada menos que a la propia Constitución Política de la República. Nos referimos entonces a la igualdad como concepto jurídico.

Cuando se habla de igualdad, se debe tener presente que se trata de un concepto relacional, es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. La igualdad proclamada como principio general en sí misma no quiere significar nada, como señala Norberto Bobbio, en materia de igualdad se debe precisar claramente “de qué entes se trata y respecto a qué cosa son iguales”.

El concepto de igualdad contenido en el artículo 27 de nuestra Constitución enuncia una norma jurídica compleja, se establece tanto un principio general, “todas las personas son iguales ante la ley”, como una prohibición, la discriminación en razón de circunstancias concretas (raza, sexo, edad, etc.). Nada tiene que ver este precepto con concepciones igualitaristas. Pero es que además, la confusión puede ser tal que nos impida comprender que el principio de igualdad se manifiesta en tres distintos momentos: como igualdad en la ley, igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley.

Igualdad en la ley significa un límite al propio legislador, la norma fundamental determina que al momento de redactar las leyes ordinarias se debe otorgar un mismo tratamiento jurídico a supuestos idénticos, y a tratar desigualmente lo que en el plano de los hechos se manifiesta como tal. La igualdad ante la ley resulta ser una igualdad de trato, sin discriminación ni privilegios jurídicos, se traduce técnicamente en el derecho de los destinatarios de la norma a ser tratados de la misma manera y en la obligación de los poderes públicos de respetar ese tratamiento. Como corolario de ésta se incorpora la igualdad en la aplicación de la ley, que impone la prohibición de dar soluciones distintas a casos sustancialmente iguales, o negarse a resolver a favor de una de las partes cuando la propia ley ha establecido para ella consideraciones favorables.

De manera pues que igualdad en la ley, ante la ley y en la aplicación de ella, no implica igualitarismo -igualdad de todos en todo-, pues, mientras éste supone la nivelación social de los ciudadanos, repartiendo los bienes según su necesidad y atribuyendo los méritos según su capacidad, aquella sólo persigue la igualdad de todos en un plano específico: la aplicación de las normas, la atribución de capacidad jurídica y el goce de determinados derechos y libertades. Nada tiene que ver la pena de días multa con el igualitarismo.

*Profesor de derecho penal UCA
Doctor en derecho penal por la Universidad de Alcalá, España