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Ir por lana y salir trasquilado, no parece ser el grito de guerra de los viejitos que desde hace cinco años vienen exigiendo –en lucha desigual— una pensión reducida del INSS. Cada vez renacen con fuerzas que surgen de un curioso y “primaveral” otoño resistiendo la indiferencia gubernamental.

¿Cuándo empieza la vejez? El límite tradicional para la edad avanzada –65 años— no tiene límites ni fundamentos biológicos. Muchas personas a esa edad permanecen activas y vigorosas, otras a los cuarenta, están enfermas e inactivas. Desde que en 1889, Bismarck, Canciller alemán, escogió la edad de 70 años –reducida a sesenta y cinco— la pregunta ¿cuándo llega la persona a la vejez? ha sido contestada desde ciertos ángulos.

Cronológico, biológico y psicológico son conceptos que permiten valorar la edad de jubilación en personas que durante su vida laboral útil arribaron a un envejecimiento habitual independiente de su estilo de vida o enfermedades prevenibles que les condicionan no gozar de una saludable senectud. Esto implica el retardo o disminución de los efectos indeseables de la vejez.

No obstante, estos factores no cuentan para los ancianos que exigen su derecho a una pensión reducida. No cumplieron su obligación contractual ante el Estado como requisito básico que la ley establece: la cotización de 750 semanas laborales. Esto esboza que la profundización de la democracia clama por mayor igualdad de oportunidades o derechos que amplíen la participación y deliberación pública a extensos grupos sociales secularmente marginados.

¿Es posible esto? La igualdad de derechos coloca la dignidad y el bienestar personal como valores irreductibles más allá de la estructura meritocrática de oportunidades, ya que prescribe el pleno derecho de todos a acceder a ciertos niveles de prosperidad y reconocimiento social por el simple hecho de ser ciudadanos. Independiente de logros y recursos personales de cada individuo.

Se debe percibir bajo la óptica igualitaria por cuanto los ciudadanos de edad avanzada, pobres y sin acceso pleno a la protección social sufren una considerable merma de sus ingresos y facultades fisiológicas que los hacen vulnerables y dependientes ante un Estado que procura discriminarlos. ¿Existen posibilidades de reformas?

Según la Cepal, en América Latina el empleo y la protección social centrada en sistemas contributivos ha perdido capacidad integradora y preventiva contra riesgos. La protección social por la vía contributiva solo abarca a una fracción de los trabajadores. La baja cobertura de los sistemas de pensiones no solo es injusta y desigual sino que redunda en mayores gastos y efectos actuariales negativos. En Nicaragua, durante la década de los ochenta se impuso a la población derecho-habiente la carga de lisiados de guerra y madres de combatientes caídos.

Es obvio que el modelo nicaragüense no homogeniza el consumo a lo largo del ciclo de vida y no previene la pobreza en su ocaso al carecer de una política fiscal transparente. Se caracteriza por baja cobertura teórica (27.9%) y limitada calidad de prestaciones dentro de un marco institucional ineficiente. El Estado no contribuye en calidad de tercero al régimen previsional.

Un elemento remoto pero puntual sería la inclusión de la solidaridad en el diseño del sistema nicaragüense como ejemplo de voluntad política que concibe una transición basada en una sociedad del trabajo —historial de empleo y cotizaciones— a un método cimentado en una sociedad de derechos que garantiza el acceso a los beneficios por todos los ciudadanos.

Quizás el bono demográfico de Acevedo aparezca como una alternativa al desarrollo en un país donde se afirma que el Gran canal va y viene, mientras los perennes hijos de Matusalén reclaman y solo la muerte los detiene.

* Médico cirujano