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Hay quienes sostienen que el análisis de la Ley Nº 779, debe partir necesariamente de su examen de (in) constitucionalidad. En efecto, todo esfuerzo de interpretación de esta normativa debería considerar en primer lugar la compatibilidad de sus preceptos con los derechos consignados en nuestra Constitución; no obstante, cualquier análisis serio y responsable requiere de una fundamentación más elaborada para evitar caer en una mera petición de principio (petitio principii).

Ningún ejercicio interpretativo de la norma vigente resulta baladí, sobre todo por los problemas de aplicación práctica y las contradicciones que se han generado. En esta ocasión nos centraremos en tres problemas puntuales: ¿Pueden las mujeres ser autoras de un delito de género? ¿Qué delitos son competencia de los tribunales especializados en violencia? ¿La prohibición de mediación abarca a todas las conductas señaladas en la Ley Nº 779, o solo es aplicable a lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de los delitos de género?

Se ha planteado el tratamiento que habrá de aplicarse a la violencia producida en el seno de la pareja formada por dos mujeres. Así, aunque de lege lata no parece posible considerar a la mujer como sujeto activo de la violencia de género, lo cierto es que no se puede afirmar tal cuestión con carácter general, ya que hay tipos delictivos que dejan abierta la posibilidad de que la mujer sea penalmente responsable.

En tal sentido, cuando el legislador ha querido señalar al hombre como único sujeto activo de determinado delito, así lo ha consignado expresamente con la fórmula “el hombre que diere muerte… causara lesiones… sustraiga bienes… intimide o amenace a una mujer… será sancionado con la pena de…”, por lo que es acertado sugerir que la mujer podría ser autora por ejemplo de un delito de omisión de denunciar actos de violencia (art. 17).

Si esto es así, parece que el legislador ha señalado al hombre como único sujeto activo de las conductas de mayor gravedad, pero entonces no se alcanza a comprender por qué la violencia física (art. 10) está configurada como un delito especial en el que el autor solo puede ser el hombre, mientras que la violencia psicológica (art. 11) se estructura como un delito común en el que pueden ser autores tanto hombres como mujeres.

A la luz de la redacción de tales preceptos la mujer no puede ser autor de un delito de femicidio, de violencia física, económica o de amenazas, pero sí de un delito de violencia psicológica contra su pareja (también mujer).

En lo que hace a la competencia objetiva de los Juzgados Especializados en Violencia (art. 32), ya se ha advertido la ausencia de las agresiones sexuales y la violencia doméstica dentro del catálogo de delitos que puede conocer el juez, por lo que tal omisión sugiere que actualmente dichos delitos son competencia de los tribunales comunes.

La cuestión no es tan sencilla, ya que si en el ámbito de la prohibición de la mediación (art. 46) se ha interpretado que la misma es aplicable a todos los delitos “señalados en la ley”, incluidos aquellos contemplados en el CP y que fueron reformados por la Ley 779 (v. gr., delito de propalación, art. 195 CP), entonces resultaría que los tribunales especializados también son competentes para conocer, además de los delitos de violencia de género strictu sensu, aquellos otros que fueron simplemente reformados a través de la Ley 779.

Esta tesis, sin embargo, no parece ajustarse a la intención del legislador –sobre todo porque introdujo una lista taxativa de delitos que son competencia de los tribunales especializados–, por lo que, o restringimos la prohibición de mediación solo a los delitos de género o admitimos que la competencia de los juzgados especializados se extiende a todos los “delitos tipificados” en la Ley 779, incluidos los que fueron reformados –como las agresiones sexuales y la violencia doméstica– en el CP.

* Doctor en Derecho penal, Universidad de Alcalá (España)