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La Declaración del milenio de la ONU, adoptada por 189 países miembros, tiene como objetivo, para el año 2015, reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de un dólar diario, y a la mitad, la proporción de las personas que padecen hambre.

En este contexto, los pueblos indígenas constituyen un importante grupo objetivo de diversas políticas y estrategias por ser considerados el sector más pobre de la sociedad.

La mayoría de agencias de cooperación internacional reconocen que la naturaleza y las causas de la pobreza de los pueblos indígenas pueden diferir de otros sectores de la población.

Algunas están más basadas en las necesidades mientras que otras asumen un enfoque que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. ¿Es todavía adecuado el enfoque basado en los derechos o debería ir de la mano de una estrategia basada en las necesidades?

La noción de pobreza es otro tema que está siendo debatido, puesto que afirmar simplemente de que los pueblos indígenas son pobres, parecería más apropiado hablar sobre procesos de empobrecimiento.

Los pueblos indígenas, “no se consideran pobres, en realidad, a muchos les desagrada ser catalogados como tales a causa de su connotación negativa y discriminatoria”.

Por el contrario, los pueblos indígenas consideran que tienen recursos, conocimientos y sabiduría, que sus culturas tienen valores especiales y fortaleza. “Pero se sienten frecuentemente “empobrecidos”, como resultados de procesos que están fuera de su control y que, a veces, son irreversibles”.

Estos procesos los han despojado de sus tierras tradicionales, han restringido o prohibido su acceso, han resultado en el quebrantamiento de sus comunidades y la degradación de su medio ambiente, amenazando así su supervivencia física y cultural.

Los indicadores tradicionales de pobreza están basados en percepciones urbanas occidentales relacionados con el ingreso monetario y el gasto. “De ahí la necesidad de indicadores de pobreza basados en las propias percepciones de los pueblos indígenas”.

Consideran que ninguna planificación, ni inversión, será exitosa, si se hacen desde los escritorios de las ONGs, nacionales, que “están robando el mandado a los pueblos indígenas, al ejecutar proyectos que no les corresponde ni pertenece.

En este sentido, se están dirigiendo a los representantes de la cooperación internacional, para que tomen en cuenta sus capacidades y conocimientos en la elaboración y ejecución de proyectos que hoy se encuentran en manos de grupos y familias catalogadas como “vividores y aprovechados”.

Al referirse al derecho a la justicia están claros que este es un derecho fundamental para las personas dentro del sistema democrático. “No hay justicia si el 96% de la población indígena sufre pobreza y el 76% de la población indígena sufre enfermedades, no tiene acceso a la educación, la salud, asistencia técnica financiamiento productivo, servicios básicos y si no se respeta la identidad y la cultura de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, llevan varios años exigiendo a la Asamblea Nacional, la aprobación de la Ley de Autonomía, conforme establece el Convenio 169 de la OIT, la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 5 de la Constitución ¨Política de Nicaragua.

Dirigentes indígenas consultados sobre la declaratoria a Nicaragua como sede del Parlamento Indígena Latinoamericano, consideran que este alto tribunal debe iniciar sus labores, exigiendo al Gobierno Central, la aprobación de la Ley de Autonomía, con el fin de adecuar el ordenamiento jurídico nacional a las disposiciones del derecho internacional.

 

* Periodista