Francisco Javier Bautista Lara
  •   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Imaginemos que el próximo lunes, durante veinticuatro horas, todos los vigilantes de las empresas privadas de seguridad, los celadores de barrios y cuidadores particulares dejan de prestar su servicio. El país entraría en zozobra y la inseguridad aumentaría, porque la Policía no tendría capacidad para atender la demanda, por el riesgo real, imaginario o percibido de sus pobladores.

¿Qué pasaría en los bancos, comercios, industrias, restaurantes, oficinas, bodegas, embajadas, residencias, etc., sin que nadie controle ni ordene el acceso, las instalaciones ni la protección de las personas? Es mal común valorar las cosas solo cuando faltan. Este escenario hipotético podemos verlo en Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, España y cualquier país del mundo.

La seguridad privada, en su expresión tradicional de celadores de residencias, cuidadores de fincas y organizada en empresas, se ha convertido durante las últimas décadas, en una ocupación necesaria por el aumento de la población, la cantidad de negocios, la globalización económica, la internacionalización de la inseguridad y la insuficiencia de las entidades de seguridad pública para atender el crecimiento de la actividad social y económica.

Ninguna nación es capaz de enfrentar y resolver la seguridad ciudadana solamente con sus fuerzas policiales; requiere de la seguridad privada para coadyuvar, en lo que compete, en la preservación del orden y la tranquilidad. A pesar de ello, la insatisfacción por la inseguridad en general es alta y a veces creciente por su complejidad multi-causal.

El asunto es válido también para salud y educación. Si las instituciones de educación y salud privadas, de organizaciones sociales o religiosas desaparecen, cualquier estado, de país rico o pobre, será incapaz de cubrir esos derechos de sus habitantes.

El postmodernismo ha creado necesidades reales y artificiales que se vuelven indispensables para la vida contemporánea. Hace tres décadas, no requeríamos Internet ni teléfonos celulares. Imaginemos si durante veinticuatro horas se suspenden ambos instrumentos de la comunicación, ¿qué confusión ocurrirá? Muchas actividades dependen de esos servicios, en la rutina personal se ha vuelto excesivo y sin suficiente justificación, indispensable. También ahora muchas actividades dependen de la seguridad privada.

El Estado existe para el “bien común”, que es “orden justo”, su fin se expresa en seguridad, desarrollo, justicia, educación, salud, etc. Cuando hay violencia delictiva se afectan los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto el “para qué” del Estado, por lo que está obligado a crear mecanismos y regulaciones, mediante instancias públicas y privadas, para cumplir o aproximarse a cumplir su propósito. Le compete fortalecer las instituciones de la seguridad pública y regular la seguridad privada como complemento para la protección de las personas y sus bienes.

El problema en algunos países es que el poder político no solo tiene limitada capacidad para atender la seguridad pública sino que ha renunciado a la obligación ineludible de regular de manera efectiva el ejercicio de la seguridad privada, surgiendo empresas sin el razonable control institucional en lo laboral, fiscal y de seguridad, lo que agrava la inseguridad.

Ningún Estado puede evadir la obligación de regular la relación entre los particulares. Debe facilitar y normar cuando no pueda hacer, pero no dejar hacer entregándose de manera absoluta en las manos de la oferta y la demanda porque debilita y contradice su naturaleza, profundiza la iniquidad, impone el bienestar de pocos sobre el de muchos y hace persistente el modelo de exclusión.

La seguridad privada es un servicio necesario para la seguridad pública. El ejercicio de la vigilancia privada, desempeñado por hombres y mujeres, llamados agentes, guardas, vigilantes o celadores, es un oficio útil que requiere calificación y estabilidad. El problema no es la cantidad de empresas de seguridad ni de vigilantes empleados, sino el ejercicio insuficiente de regulación a través de las instituciones policiales, laborales, mercantiles y fiscales.

En Centroamérica encontramos que Costa Rica tiene normativas bastante completas sobre el sector; en Nicaragua es aceptable aunque falta una ley sobre la materia; está sujeta a disposiciones policiales administrativas. Costa Rica y Nicaragua no tuvieran la seguridad ciudadana actual –las más favorables de la región– si este servicio complementario no contara con alguna regulación estatal en lo que concierne.

 

www.franciscobautista.com