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Si hay una bandera que el Gobierno de Argentina ha pretendido enarbolar bien alto en los últimos diez años, esa ha sido la de la justicia ante los crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983). Aún se recuerda en el país aquel 24 de marzo de 2004 en que el presidente Néstor Kirchner ordenó al teniente general Roberto Bendini retirar los cuadros de los dictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignone, colgados en el Colegio Militar de El Palomar.

Aquella mañana, Kirchner declaró solemne: “Quiero dejar en claro que el terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad”. Bajo esa idea se diseñó toda una política de memoria y reparo ante las violaciones de los derechos humanos.

Pero el Gobierno se ha visto ahora atacado en su flanco más sensible desde que el pasado 27 de junio la presidenta, Cristina Fernández, renovó la cúpula militar y designó al frente del Ejército al general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, acusado de supuestos delitos cometidos durante la dictadura.

Sobre Milani planean dos acusaciones. Por un lado, el antiguo preso político Ramón Alfredo Olivera declaró en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, que Milani lo hostigó durante un interrogatorio en 1977. Lo acusó de haber allanado su domicilio para detener a su padre, finalmente desaparecido.

Por otra parte, familiares del soldado Alberto Ledo, supuesto secretario personal de Milani, lo acusan de ser responsable de su desaparición, ocurrida en 1976 en la provincia de Tucumán. La denuncia de Olivera fue archivada, pero la de Alberto Ledo sigue abierta.

Los grandes aliados del Gobierno en la lucha contra las violaciones de derechos humanos no levantaron la voz contra Milani. Ni las Madres, ni las Abuelas de Mayo, ni el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundación presidida por el periodista Horacio Verbitsky, director de Página 12, se opusieron en principio a su designación.

Pero hace unos días, cuando el Senado debatía los ascensos de la nueva cúpula militar, el CELS presentó un informe en el que impugnaba el ascenso. El organismo aclaró que había continuado sus investigaciones y pudo reunir información que vincula a Milani con “hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad”.

La oposición criticó también a Milani cuando al prestar juramento de su cargo expresó la intención de acompañar “el proyecto nacional”, cosa que fue interpretada como el proyecto del Gobierno, una confesión partidista impropia del Comandante en Jefe del Ejército.

 

* Periodista