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“Hoy me ha llamado la policía para pedirme que me presente, pero no voy a hacerlo”, confía el omaní D. D. en un correo electrónico a un colega defensor de los derechos humanos, quien a partir de ahora estará atento por si le detienen. Su delito, trabajar para que en su país se respeten las libertades de expresión y de asociación. Como él, decenas de activistas están siendo perseguidos en las monarquías de la península arábiga.

Las organizaciones que les apoyan denuncian una ofensiva para acallar las voces críticas que, a falta de otros espacios para el debate, se dan cita en Internet y las redes sociales.

Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar han abrazado el desarrollo tecnológico y una pátina de modernidad, pero cuando se trata de los derechos y libertades políticos de sus habitantes, los dirigentes rechazan cualquier sugerencia de reformas que ponga en peligro su poder absoluto.

Por eso les preocupa el creciente número de abogados, profesores, periodistas y otros ciudadanos influyentes que están utilizando las redes sociales para revelar violaciones y abusos. Internet se ha convertido en una nueva plaza pública, en especial desde la primavera árabe.

“En los dos últimos años se ha duplicado el número de usuarios de Facebook y Twitter en la región y se han formado un gran número de grupos para defender los derechos humanos”, celebra Khalid Ibrahim, Codirector del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR).

Las autoridades no han tardado en actuar para silenciar las potenciales fuentes de crítica, y no solo a los disidentes políticos. Draconianas leyes contra el ciber-crimen les permiten detener a defensores de derechos, blogueros e incluso a simples ciudadanos que expresan su descontento en las redes sociales.

El pasado junio, Arabia Saudí condenó a siete jóvenes que en 2011 convocaron protestas contra el Gobierno a través de Facebook. Fueron juzgados en un tribunal especial para terrorismo.

Un informe de GCHR denuncia el “deterioro de la situación” durante 2012. En teoría, no hay ninguna ley que prohíba a los ciudadanos de esas naciones decir lo que piensan. Sin embargo, en la práctica los activistas se arriesgan a ser acusados de “manchar la reputación del Estado” si expresan sus críticas en público.

En Bahréin, el veterano activista Nabil Rajab cumple dos años de cárcel por un tuit en el que pedía la dimisión del primer ministro, un tío del rey, que lleva en el poder 41 años. En Kuwait, Sara al Driss ha sido condenada a 20 meses por “minar el prestigio del emir y ultrajar a la familia real” en su cuenta de Twitter.

En Catar hay un poeta encarcelado por criticar al emir. Las leyes de Omán prohíben cualquier reproche al sultán, quien en un gesto de magnanimidad ha perdonado a quienes participaron en las revueltas de 2011.

Las autoridades de los seis países, agrupados en el Consejo de Cooperación del Golfo, tratan de coordinar sus políticas al respecto. Y cuando los medios legales no bastan para intimidar a los activistas, no dudan en presionarles por otras vías.

Imam al Qahtani, una conocida periodista saudí que informaba vía Twitter de los juicios a los fundadores de la ACPRA, dejó de utilizar su cuenta el pasado 10 de abril porque los servicios secretos le amenazaron con hacérselo pagar a su madre. La semana pasada descubrió en el aeropuerto que tiene prohibido salir del reino.

* Periodista