Francisco Javier Bautista Lara
  • Managua, Nicaragua |
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En distintos foros sobre violencia y gobernabilidad en América Latina, es frecuente escuchar, de especialistas y funcionarios policiales y de los órganos de la justicia penal de países con problemas de inseguridad y desarrollo humano, que tienen escaso presupuesto para atender la demanda creciente de seguridad de las personas y sus bienes.

Mejor seguridad, justicia, salud, educación y bienestar de los ciudadanos, sin depender de la ayuda extranjera normalmente condicionada y reducida, es posible cuando el Estado crea capacidad para captar y distribuir la riqueza nacional con equidad, compartiendo parte de los excedentes de quienes ganan más, trasladándolos a los de menor ingreso y para el bienestar general. La institucionalidad para el desarrollo humano está directamente relacionada a la carga tributaria con relación al PIB. Ello permite destinar recursos públicos a la infraestructura económica y social, a las necesidades colectivas y la convivencia.

Según CEPAL, BID y BM, la carga tributaria en América Latina, salvo excepciones, requiere ser ampliada. Se encuentra debajo del nivel razonable para promover el desarrollo y reducir la desigualdad que ha sido, según el PNUD (“Actuar para el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, 2010), persistente e inamovible desde hace cincuenta años. La riqueza está concentrada y el Estado tiene escazas facultades para captar los excedentes y distribuirlos con eficiencia y equidad. Otros factores que lo debilitan son: corrupción pública, insuficiente transparencia en el manejo de los recursos, ineficiente gestión administrativa que duplica esfuerzos, desperdicia capacidades y no genera valor agregado al servicio público, sumado a la evasión fiscal y el contrabando, las exoneraciones y tratamiento diferenciado, a veces irracional y discrecional que privilegia a grupos, no siempre los más vulnerables.

La proporción de la carga tributaria es un indicador que puede medir la fortaleza estatal. Cuando la tasa es muy baja, el sector público tiene poca capacidad para cumplir su propósito de “interés general”, carecerá de recursos económicos para promover condiciones de vida de sus ciudadanos y es común que el nivel de desarrollo humano sea menor. En sentido opuesto, cuando la tasa tributaria es mayor con respecto al PIB, suele existir competencia para cumplir el fin por el “bien común”, puede atender mejor las necesidades de la población y las condiciones de vida de sus habitantes.

Según CEPAL (2012), los “ingresos tributarios con seguridad social” en América Latina fueron de 19.1% con respecto al PIB. En contraste, en los países europeos oscila entre el 35 y 40%.

Favorablemente durante la última década (2000 – 2011) dicha carga tributaria aumentó del 15.4% al 19.1% del PIB; la “carga tributaria sin incluir aportes a la seguridad social”, pasó del 12.7% al 15.7%.

Argentina (35%), Brasil (35%) y Uruguay (26%), son Estados con algunas fortalezas, sin embargo México (11%) presenta la más limitada consistencia fiscal-económico-institucional. En Centroamérica, Costa Rica (22%) tiene la mejor condición económico-institucional de la región. Nicaragua se ubica casi en la media latinoamericana con 19%, mientras que El Salvador (15.8%), Honduras (15.5%), Guatemala (12.8%), tienen resultados menores al promedio. Haití llegó apenas al 13%. Hay quienes incluyen la baja carga tributaria, junto con otros indicadores sociales, económicos y de gobernabilidad, como síntoma de “estado fallido”.

Según diversos analistas, si el Estado tiene carga tributaria inferior al 20% del PIB, tendrá escaza capacidad para promover el bienestar de sus habitantes, su inversión social será insuficiente, menor desarrollo humano y mayores desigualdades socioeconómicas. A ese indicador hay que agregar la solidez de sus normas y regulaciones formuladas y aplicables, eficientes y no excesivas, en instituciones cuya magnitud sea razonable. La combinación de ambos criterios da el peso del Estado en la vida nacional, su efectividad para cumplir su propósito de “bien común”, su contribución real al desarrollo humano, al bienestar colectivo, a la seguridad y la justicia social.

Los impuestos son impopulares, implican enfrentar el poder económico, reducen en el corto plazo el apoyo al grupo político que lo promueve; los estados nacionales requieren revisar su estructura tributaria y hacerla más equitativa y progresiva, afectar más la renta y menos el consumo, incentivar la producción y los servicios, proteger el medioambiente, generar mecanismos de transferencias de los sectores pudientes para los de menos ingreso para contribuir al desarrollo integral del país. La política tributaria es una política de Estado, de naturaleza esencialmente política, es un mecanismo para modificar la distribución de la riqueza, fortalecer la equidad socioeconómica siempre y cuando funcione con transparencia y equidad.

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