• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • elnuevodiario.com.ni

Desde la promulgación de la Ley No. 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas (Gaceta Diario Oficial No. 110, del viernes 14 de junio 2013), han surgido voces altisonantes denunciando que la ley lesiona la Constitución Política, por lo que se espera una lluvia de recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Procuraré aquí abordar algunas objeciones que algunos sectores esgrimen sobre la soberanía nacional, los privilegios fiscales, administrativos y jurisdiccionales concedidos a la concesionaria HKND, las desventajas del Estado y el carácter cuasi constitucional de una ley ordinaria. En otro momento abordaré el tema de las expropiaciones y atribuciones del Estado para otorgar concesiones para explotación de recursos naturales.

En el derecho nacional e internacional se reconocen dos tipos de convenciones: la consensual o bilateral y la unilateral. En la primera, ambas partes adquieren derechos y obligaciones, como dar, entregar y hacer; en la compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida, el comprador se obliga a pagar el precio de la cosa; si alguien incumple (no paga o no entrega la cosa) puede la contraparte ir a los tribunales de justicia para obligar a cumplir el contrato.

En el unilateral, el donatario no entrega nada a cambio de la donación, mas el donante puede consignar una serie de cláusulas de condición sine qua non, las cuales el donatario debe cumplir si quiere recibir el beneficio, si no cumple no se materializa la donación.

En el Acuerdo Marco de Concesión (MCA), entre el Estado de Nicaragua y HKDN, la concesionaria asume construir el Gran Canal de Nicaragua y los demás sub-proyectos, en un plazo de 10 años; se compromete buscar el financiamiento de 40 billones de dólares; realizar los estudios de viabilidad; enterar al Estado el 1% de las acciones y cada 10 años el 10% de las acciones; el Estado recibirá 100 millones de dólares, en un plazo de 10 años, 10 millones de dólares cada año.

Como el Estado no tiene recursos líquidos para financiar el proyecto, su aporte es ceder un tramo de 286 kilómetros de longitud por 300 metros de ancho, espacios marítimos, aéreos para ejecutar los subproyectos, asimismo sancionar una ley especial que conceda garantías suficientes a los inversionistas del capital extranjero.

El Estado en el proyecto no pone en riesgo capital propio; serán los inversionistas los que pondrán los recursos financieros, no obstante en el MCA se establece que el Estado, en un plazo de 50 años, recuperará el 51% de la concesión; en los próximos 50 años será el dueño absoluto de la obra, sin haber sacado de su bolsillo un solo centavo en la construcción del Gran Canal de Nicaragua.

Bajo este escenario, supongamos hipotéticamente que en el año 2015 inician los trabajos de construcción; en ese año se invierten digamos unos 5 mil millones de dólares, mas viene el Estado ejerciendo la soberanía, e injustificadamente empieza a poner trabas y objeciones. Ante tal actitud la concesionaria podría demandar al Estado en los foros internacionales, pero para ello debe tener un instrumento legal que le asegure las costas, daños y perjuicios.

Segunda hipótesis: el Estado, ante cualquier atraso en la ejecución de la obra, por caso fortuito o fuerza mayor, entabla demanda contra la concesionaria; semejante conducta sería ilógica ante los inversionistas que de buena fe han traído su capital sin tener a su favor una contraprestación. Asimismo una acción judicial en Nicaragua sería un juicio de tigre suelto con burro amarrado, por el control que el gobierno tiene de la justicia.

La Ley 840 solo podrá ser derogada o reformada con el voto de dos tercios de los diputados, porque sería un absurdo que estando en juego varios billones de dólares se pueda fácilmente cambiar una ley con el voto favorable de simple mayoría.

Cuando se producen conflictos legales entre una trasnacional y el Estado, la instancia idónea para dirimir las discordias no son los tribunales nacionales, sino que el derecho internacional ha estatuido tribunales arbitrales para resolver este tipo de conflictos.

* Abogado y notario