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Es un hecho la indefensión en que el consumidor nicaragüense se encuentra ante los proveedores de servicios públicos por el desequilibrio de poder existente entre el ciudadano común y los proveedores de esos servicios.

No bastando con dicha indefensión el pueblo de Nicaragua le regaló a los nuevos concesionarios del servicio público de energía eléctrica la “bicoca” de dos millones de dólares y además parecen haberse llevado por delante la Ley de Concertación Tributaria, pues a la fecha no se sabe qué impuestos a favor del fisco generó el traspaso de la concesión de una sociedad a otra. Continuamos sin saber el “como”, el “cuando”, y el “porqué” de dicha transacción.

Además los diputados aprobaron la ley No. 839, la cual en su artículo Sexto que reforma el artículo 236 del Código Penal establece sanción con pena de prisión de uno a tres años por aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, agua y Telecomunicaciones cuando el perjuicio causado a la empresa suplidora sea por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial.

Los miles de nicaragüenses económicamente desfavorecidos que se aprovechan ilegalmente de estos servicios públicos, así como los que consumen menos de 300 KWH, muy difícilmente causarán perjuicios como los indicados en dicho artículo, de tal manera que estamos ante una ley que viola el principio de igualdad, pues prácticamente se aplicará únicamente a los transgresores pertenecientes de la clase media económica para arriba.

Creo que todo aquel que viole la ley, independiente de su posición económica, debe ser sancionado, pero la redacción del arto 236 reformado equivale a establecer sanción penal a quienes al cometer robo, el valor del perjuicio causado a la víctima a causa del delito fuere mayor de doce mil córdobas y no existiere pena para quienes al robar, el perjuicio causado a la víctima fuere menos de doce mil córdobas. Se penalizó por el monto económico del daño causado por el acto y no el acto en sí.

Pero tenemos recursos contra las injusticias que los proveedores de servicios públicos cometen en los usuarios.

El artículo 271 del Código Penal establece: “Quien en perjuicio del consumidor y por cualquier medio, altere las facturas a través del establecimiento de cantidades superiores por productos o servicios, incluya en ella conceptos de cobros indebidos o altere los valores legales o contractualmente establecidos, o los instrumentos de medición de pesos o medidas para incrementar información con el mismo objeto o efecto, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y de trescientos a quinientos días de multa”.

El mismo Código Penal establece que la pena anterior se aumenta cuando la conducta recae sobre servicios públicos.

El Título II del Código Penal en su Capítulo I señala a las “Personas Penalmente Responsables de los Delitos y Faltas” y en el artículo 45 de dicho capítulo deja claro que responde personalmente del delito o falta cometido por el actuar de una sociedad, la persona que actúa como “directivo, administrador de hecho o de derecho u órgano de una persona jurídica o en nombre o representación voluntaria de otro”.

La persona responsable en estos casos es el Presidente de la empresa, su gerente general y su Junta Directiva y la acción criminal en contra de ellos puede ser ejercitada directamente por el usuario, sin necesidad de recurrir a la Fiscalía.

Prueba de esta acción criminal en contra del prestador del servicio público es el consumo histórico del usuario, el cual no puede sufrir alteración cuando el consumidor ha usado los mismos medios de consumo durante el período de tiempo que se considera necesario para establecer un patrón de consumo.

En otros países, las empresas que prestan servicios públicos no se pueden dar el lujo de cometer errores en la facturación, pues son penados. El solo hecho que la factura de energía del último mes del usuario sea superior en un 25% al promedio de consumo de sus últimos seis meses, la distribuidora de energía recibe una multa igual al valor de dicho excedente, si no prueba que en realidad ese consumo existió.

Así mismo, las distribuidoras de energía por ley tienen plazos de tiempo para restablecer el servicio de energía cuando existe interrupción del mismo y si incumplen dichos plazos son multados.

Aquí no existe nada de lo anterior, pues los intereses de los prestatarios de servicios públicos priman por encima de los intereses del pueblo.


* Abogado y notario.

gareas@cablenet.com.ni