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La reciente decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de cancelar el acta de toma de posesión y credencial de diputado por la Alianza Frente Sandinista, al señor Agustín Jarquín Anaya, ha despertado una polémica mediática que deja entrever la poca información jurídica y política que tienen algunos Medios de Comunicación y algunos autodenominados analistas a la hora de abordar con rigurosidad los temas electorales.

Sé que algunos pretenderán descalificar mi opinión sobre el tema, bajo el pretexto de que soy el encargado de prensa del CSE. Sin embargo, como periodista tengo el derecho de expresar mi criterio.

En primer lugar, debo decir que el CSE es el único órgano encargado y designado por la Constitución Política para resolver cualquier conflicto de partidos políticos y temas electorales, independientemente del tiempo y el espacio en que se presenten. El artículo 173 en su inciso 13 establece que son atribuciones del CSE: “Vigilar y resolver los conflictos legales sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que se refieren a los partidos políticos, sus estatutos y reglamentos”. Esta misma atribución está contenida en el artículo 10 inciso 19 de la ley electoral.

¿Qué significa esto? Que el Poder Electoral es una instancia escrutadora, monitoreadora y con facultad de resolver sobre conflictos internos de los partidos, cumplimiento de las leyes, y ojo, cumplimiento de estatutos y reglamentos. Es decir, que el CSE es un tribunal que rige la vida de los partidos políticos, antes, durante y después del proceso electoral, y por lo tanto, aquel miembro o aliado cuya conducta viole los estatutos o acuerdos que suscribió con su partido, puede ser investigado y sancionado por el órgano competente.

Por otra parte, hay un antecedente que quizás ha pasado desapercibido. Y es que la alianza del Frente Sandinista con el señor Jarquín caducó legalmente desde que el CSE canceló la personalidad jurídica de la Unión Demócrata Cristiana en el 2012, año en que se realizaron las elecciones municipales, y la agrupación política a la cual él pertenece no pudo completar la lista de candidatos de al menos el ochenta por ciento de los municipios del país, según lo establece el artículo 82 de la ley electoral.

A partir de ese momento, Jarquín, que pretendía ser candidato a la alcaldía de Managua por su partido, rompe su alianza con el Frente Sandinista que lo llevó al curul, y posteriormente renuncia a la bancada sandinista y se incorpora a la bancada denominada democrática. Esto es, en una apretada síntesis, la accidentada ruta de Agustín Jarquín, un acto de transfuguismo político sin precedentes en la historia de Nicaragua.

Ahora pasemos a otro tema. Según el sistema electoral nicaragüense, los diputados no son electos directamente por el sufragio popular. Todos los nicaragüenses sabemos que en cada elección, sea municipal o presidencial, votamos por una lista de diputados o concejales que presenta el partido o la alianza participante, y que aprueba el CSE. Esto significa que el partido es el que te elige y designa para un curul parlamentario o una concejalía, y la ciudadanía lo que hace es ratificar con su voto la lista del partido de su preferencia.

En otras palabras, Jarquín no fue electo por el voto popular. Fue designado por el partido sandinista para ocupar un curul que al fin de cuentas no es de él. El está allí para que se cumplan las orientaciones del partido que lo nominó. Es un escaño partidario, y tan es así que su suplente es una militante del Frente Sandinista.

De ahí que es un mito de que los diputados obedecen directamente a la voluntad de los electores. Mientras el sistema electoral establezca la lista de diputados y concejales por plancha, es una falsedad afirmar que un diputado es electo de forma directa. Es votado en la plancha que presentó su partido, con el que obviamente tiene compromisos políticos.

Talvez el señor Jarquín no quiera acordarse, pero tengo entendido que cuando él fue incorporado a la lista de candidatos a diputados de la Alianza Frente Sandinista, todos los, en ese entonces candidatos aliados que ocuparían curules, suscribieron un documento de fidelidad a las orientaciones del partido que encabeza dicha alianza.

Y también supongo que como aliado, también se comprometió a respetar los Estatutos vigentes del Frente Sandinista, partido que encabeza la alianza, que en su artículo 18 define los deberes básicos de los miembros del FSLN, entre los que se destaca el literal E, que dice de forma íntegra: “acatar disciplinadamente las decisiones de sus organismos de base, y de los organismos superiores del partido, aún y cuando estas no se correspondan con su opinión personal”. El contenido de ese artículo es la respuesta a tanta alharaca mediática.

Así es que Jarquín no puede fingir ignorar los estatutos del partido con que se alió, y que lo designó con condiciones claras para que lo representara en un curul parlamentario. Pero así es la ley. Dura, pero es la ley. No hay duda que el pez se ahogó en su pecera.

 

* Periodista y escritor.

felixnavarrete_23@yahoo.com