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El artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua establece como atribución de la Asamblea Nacional, el conocer sobre las faltas definitivas que provocan la pérdida de la condición de diputados; no contempla los casos de transfuguismo político.

Como fácilmente se puede observar, la Constitución y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, regulan la falta definitiva que acarrea la pérdida de condición de un diputado, referida al cumplimiento de sus obligaciones de idoneidad administrativa en el cargo, a un acto deliberativo del diputado o a hechos vitales.

Estas lagunas jurídicas no son sinónimo de conflicto de poderes. En primer lugar, hay que recordar que la Ley Electoral es de rango constitucional y está por encima de cualquier ley ordinaria, y que nuestra legislación contempla muchos principios y procedimientos para resolver algunos vacíos.

Es en el contexto que ha vivido Nicaragua desde 1979, nuestro sistema jurídico a fin de salvaguardar los derechos de ciudadanos y organizaciones políticas, asume el principio de integridad jurídica, valiéndose de la analogía, de los principios generales del derecho (autointegración), de la supletoriedad del derecho común, mismo que se encuentra expresamente contemplado en la legislación electoral, nicaragüense y en el Código de Procedimiento civil (Pr.).

Esto está sustentado en el arto.192 de la Ley Electoral, de rango constitucional, que señala que en todo lo no previsto en la Ley Electoral se aplicarán las disposiciones conducentes del derecho común y demás leyes “que contribuyan a resolver la cuestión existente”.

Y lo sustentan más aún, los artículos 443 y 193 (Pr) al señalar que los Tribunales no pueden en ningún caso, excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley o cuando a juicio de ello la ley no prevea el caso o duden acerca de la aplicación del Derecho; en este caso, deberán observar lo previsto por la legislación para casos semejantes o análogos, la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de tribunales; en defecto de las dos anteriores, los Principios Generales del Derecho o lo que dicte la razón natural y en última instancia, la opinión de los intérpretes o expositores del derecho, o lo que dispongan las legislaciones análogas extranjeras.

Por otra parte, el sistema electoral establece el monopolio de la presentación de candidatos a los partidos o alianzas y que éstas a la hora de las justas electorales se expresan en boletas con los colores, banderas y el número de casilla del partido individual o del que encabeza la alianza. Además en términos prácticos la campaña es financiada por el partido individual o el que encabeza la alianza.

El reciente caso de cancelación de la credencial de un diputado y la declaración de nulidad del acta de toma de posesión, han dejado al descubierto que un sistema de listas de candidatos abiertas o semiabiertas, debilita la fortaleza de los partidos y el principio de división de poderes, y de una u otra forma promueve la anarquía interna en el parlamento con todo el subsecuente daño que se podría ocasionar a todo el sistema político en general.

Es probable que por pretender defender un caso coyuntural, estemos dejando de salvaguardar el futuro de las organizaciones políticas como instancias de representación política. Solo imaginémonos hipotéticamente un partido o alianza con 4 diputados en el hemiciclo y se deserta uno, ¡adiós bancada!

Según algunos estudiosos de la doctrina, tránsfuga es toda persona que, independientemente de sus motivaciones, objetivas o subjetivas, deja una organización política y se incorpora a otra, siendo esta incorporación, la conducta que termina por configurar el transfuguismo (Giovanni Fornos Flores, El Transfuguismo Parlamentario).

Según PanamaAmerica.com.pa, refiriéndose al sistema electoral panameño, tránsfuga es todo aquel que ocupa un cargo público y que no se mantiene en el grupo político que le otorgó el espacio de una postulación que por correspondencia jurídica pertenece al partido, no hay curul ni representación de índole política a título personal, ni la Constitución ni las leyes así lo reconocen. Se considera una estafa a la voluntad popular cuando accedes a un escaño por una organización política y la abandonas sin renunciar al curul.

El transfuguismo político se encuentra regulado y sancionado al menos en el sistema electoral de cinco países de América Latina y en uno se encuentra normado por disposición constitucional. La resolución tomada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) está sustentada plenamente en la legislación electoral y nacional. Además, el Poder Electoral ya tiene jurisprudencia sobre este tema, cuando en los comicios nacionales del año 2011, directivos de un partido político debidamente registrados fueron inscritos como candidatos de otro partido, o la referida a la doble militancia de un candidato en los mismos comicios señalados.

No hay duda que en un futuro urge legislar sobre la figura del transfuguismo.

 

* Director de Atención a Partidos Políticos del CSE