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La tasa de homicidios en las regiones autónomas de Nicaragua ha sido históricamente más alta que la media nacional, lo que fue demostrado en el estudio realizado por el suscrito para el PNUD: “Seguridad ciudadana 1998–2010. Nicaragua, riesgos, retos y oportunidades” (www.pnud.org.ni/publicaciones).

Según la Policía, en 2011, las mayores tasas de denuncias por cada 10 mil habitantes fueron en los municipios de Puerto Cabezas (667), Rivas, (530), Jinotega (515), Managua (514) y Bluefields (492). Las cabeceras de las regiones autónomas estaban entre los cinco municipios con mayor incidencia delictiva general.

Tasas de homicidio superiores a la media nacional, aunque inferiores a la RAAN y RAAS, se registraron en Matagalpa, Jinotega, Chontales y Río San Juan. Los promedios invisibilizan los extremos. Aunque en 2012 las muertes por cada cien mil habitantes fueron 12, hubo departamentos y regiones que pasaron de 22 y otros debajo de 8 (Chinandega, León, Carazo, Masaya, Granada, Nueva Segovia, Madrid y Estelí). La inseguridad, el riesgo real y percibido, no es homogéneo, varía en el territorio, entre hombre y mujeres, niños(as), adolescentes y adultos, y en relación con las condiciones socioeconómicas de comunidades y personas.

Los distintos riesgos y percepciones obligan a implementar medidas diferenciadas desde lo nacional y local, desde el Estado y la sociedad, para comprender y abordar la violencia general y los homicidios, el delito de mayor gravedad, principal indicador de seguridad y violencia de un país o lugar.

Entre 1998 y 2011 la tasa nacional media de homicidio fue de 12.4 por 100 mil habitantes, sin embargo en igual período en la RAAN fue 21.5 y en la RAAS 22. Mientras que en el país, a partir de 2011 se redujeron los homicidios con respecto a 2010 (la mayor de los últimos quince años) en 8%, en la RAAN subió 13% y en el Sur 12%.

La RAAN representa el 7% de la población nacional y la RAAN el 6%. Los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita (Triángulo Minero), representan 34% de la población de la RAAN, sin embargo, en 2010 y 2011 registraron 70% y 72% de los homicidios de esa Región. La tasa de homicidio en los tres municipios fue 43 por cada 100 mil habitantes (2010) y el año siguiente: 49, mayor que la de Guatemala y El Salvador (2011 y 2012).

La problemática, además de respuestas policiales y penales inmediatas, requiere principalmente respuestas políticas, económicas y sociales que incidan de manera sostenible sobre la causalidad de un fenómeno que ha sido alto y recurrente. En 2000-2001, previo a que Nicaragua registrara las menores tasas de homicidio de sus últimos veintitrés años, la Policía y el Ejército, desplegaron, mediante un plan contingente, fuerzas operativas, de inteligencia e investigación criminal para abordar la compleja y creciente violencia que incluía emboscadas, secuestros y masacres.

Fue en aquellos años que se puso fin al último grupo alzado en armas (Frente Unido Andrés Castro) y por primera vez, desde 1979, el país logró el control total del territorio nacional, por lo que el Gobierno y la Policía comenzaron a enfatizar la ventaja comparativa como uno de los países más seguros de Centroamérica.

Nuevos repuntes de la violencia delictiva recurrente en el Caribe, y particularmente en el Triángulo Minero, ocurrieron en 2006 y 2011. La actual situación que preocupa a la opinión pública, según información de los medios de comunicación y declaraciones de autoridades policiales y militares, que han movilizado policías y tropas, es la continuación del incremento que comenzó a observarse hace dos años.

En “Consideraciones sobre los homicidios en la costa Caribe” (documento referido en párrafo 1ro.; pág. 116) se dice que “las poblaciones originarias de las Regiones Autónomas enfrentan violencia generada por el movimiento de la frontera agrícola, la explotación no sostenible de los recursos naturales y los conflictos por las propiedades comunitarias, la desmedida e irregular explotación forestal, la no delimitación o titulación al margen de la ley de autonomía, así como el incremento de asentamientos humanos ajenos a su cultura y práctica productiva”.

También se menciona la amplia extensión territorial, los insuficientes y malos caminos de penetración, la baja densidad poblacional, la escasa presencia institucional, la falta de opciones de trabajo, educación y desarrollo, la desigualdad, la carencia de infraestructura social y económica, la vulnerabilidad ante la amenaza del narcotráfico… “Ha habido… baja comprensión de las particularidades socioculturales de la región caribeña, insuficiente reconocimiento de su multiculturalidad y autonomía” instituida por la Revolución en 1987…”

 

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