Jorge Eduardo Arellano
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No de otra manera podemos calificar lo que está sucediendo con los organismos de la sociedad civil organizada, varios de los cuales se encuentran bajo un proceso de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, por gestiones del Ministerio de Gobernación. Hasta ahora no ha sido posible que la Fiscalía informe a los investigados de qué delito se les acusa ni por qué son investigados. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la propia Fiscalía, han aludido a un “posible” lavado de dinero y a la “triangulación” en la canalización de recursos.

Nada más absurdo que esta sospecha, desde luego que parte de un concepto totalmente equivocado sobre el delito de lavado de dinero, el cual tiene como elemento esencial y tipificante del mismo, el origen ilícito de los fondos, que, precisamente se trata de “lavar”. ¿Alguien, en su sano juicio puede concebir que los fondos que proporcionan los organismos internacionales de cooperación pudieran tener un origen ilícito? La simple sospecha es en sí una ofensa gratuita a decenas de organismos que por años han sido generosos con Nicaragua, y cuya mayor ayuda la ha captado el propio Gobierno y entidades vinculadas a él.

Tampoco merece una investigación de parte de la Fiscalía lo que se ha dado en llamar “triangulación”, desde luego que si los fondos son lícitos el hecho de transferirlos a otro organismo, siempre que así sea convenido con la entidad donante, no representa ningún delito, desde luego que este tipo de operaciones no está tipificada en el Código Penal como delito. Y hay un principio universal de derecho que dice que no existe el delito ni pena sin ley previa que lo tipifique. Así lo dispone nuestro propio Código Penal y representa una de las garantías tuteladas por nuestra Constitución Política, que en su artículo 34 inciso 11 establece, entre los derechos individuales, el de “no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible”.

Otra arbitrariedad que se está cometiendo son las citas a la Fiscalía de representantes de estas organizaciones, a quienes al momento de interrogarlos, por varias horas, no se les comunica la razón del interrogatorio ni se les informa, aunque así lo demanden los interrogados, sobre el supuesto delito de que se les acusa. Con esto se está violando otra garantía constitucional, prevista en el artículo 26 inciso 4 de nuestra Carta Magna, cuando consagra el derecho de las personas “a conocer toda la información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esa información”.

Por la forma que se está procediendo, lesionando claras disposiciones constitucionales, resulta evidente que el Gobierno lo que persigue es castigar o atemorizar a los organismos de la sociedad civil, especialmente aquellos que se distinguen por su trabajo en pro de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos y que, en cumplimiento de sus objetivos, han hecho públicamente críticas al actual gobierno por su carácter autoritario y su propensión a desconocer el Estado de Derecho y los derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, entre los cuales están los fundamentales de la libertad de expresión, de asociación y manifestación pública.

Reprimir o perseguir a los organismos de la sociedad civil por actuar cívicamente en defensa de tales derechos, es dar señales inequívocas de que lo que se quiere es establecer en Nicaragua una nueva dictadura, igual o peor que la somocista, a la cual se ha comenzado a imitar con el uso de turbas violentas y vociferantes, al mejor estilo nicolasiano.

El allanamiento violento de los locales de la Fundación Cinco, de donde la Fiscalía se llevó documentos, libros contables y hasta varias computadoras, no es congruente con lo que dispone el mismo artículo 26 de la Constitución Política, que establece que la requisa de tales documentos y libros sólo cabe cuando sean “indispensables para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales”. Al momento de la actuación de la Fiscalía en contra de MAM y de Cinco, no existía ningún juicio pendiente en los tribunales de justicia en contra de los directivos de estos organismos ni ningún reclamo fiscal.

Muy malas señales está dando el gobierno con la instrumentalización política que está haciendo de la Fiscalía General de la República y ésta, a su vez, de la Policía Nacional. Porque, claramente, las acciones están dirigidas a organismos que, en el ejercicio de derechos garantizados por la Constitución Política, han expresado pública y cívicamente sus críticas a los errores y arbitrariedades del actual gobierno. ¿Es que, de ahora en adelante, exponer libremente el pensamiento, como ciudadano responsable, es un delito que merece ser investigado por la Fiscalía? La sociedad civil organizada y el pueblo nicaragüense en general, cuyos derechos humanos más caros están en gran riesgo, no pueden permitir que esto suceda, salvo que nos resignemos a soportar una nueva dictadura, peor que las anteriores.


Managua, octubre de 2008.