Jorge Eduardo Arellano
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El contexto político nicaragüense se ubica en un entorno de retroceso al autoritarismo, caracterizado por el ejercicio del discurso populista, la enajenación ideológica y la persecución. La victoria de Daniel Ortega confirmó la fuerza del pacto Alemán-Ortega, debilitando casi irreversiblemente el tenue nervio democrático nicaragüense, introduciendo un populismo sin fronteras como preámbulo a un gobierno que buscará constituir el autoritarismo en los próximos años.

La política de Ortega como presidente ha consistido en cooptar líderes desgastados pero conocidos, que validaran su victoria ante el público (como al Cardenal Obando, a Arnoldo Alemán, o Jaime Morales Carazo), promover un discurso de reconciliación y lucha contra la pobreza, mientras renueva el anti-americanismo y la intimidación de la disidencia y sociedad civil.

Mientras Ortega habla en las calles de ayudar al pueblo, a puertas cerradas negocia con el Fondo Monetario, se endeuda con Venezuela e introduce una campaña publicitaria para promover su ‘imagen’. La creación de los Consejos del Poder Ciudadano se convierten en el reemplazo de un mecanismo de diálogo que ya existía entre la sociedad civil y el gobierno, por una versión moderna de los organismos de masa sandinista de los ochenta, como fueron los comités de defensa sandinista dedicados a la intimidación y la represión. Recientemente ha reavivado a las turbas divinas de los ochenta, sacando gente a la calle a golpear a jóvenes universitarios e intimidar activistas locales trabajando en la campaña electoral municipal.

El populismo no ha tenido fronteras y ha sido diplomáticamente vergonzoso: en vez de afirmar la independencia soberana de Nicaragua, Ortega abiertamente ha anunciado su lealtad y enajenación ideológica con Venezuela y el desprestigiado presidente Hugo Chávez. Ortega puso en vergüenza a Nicaragua cuando quiso evitar reconocer el Holocausto, se ha pronunciado pública y fanáticamente a favor de Chávez, se convierte en el único país en el mundo en reconocer la independencia del territorio del Sur de Osetia y Abjacia, mientras ignora la demanda de derechos autónomos a nicaragüenses en la Costa Atlántica, o a los bolivianos que le reclaman autonomía a Evo Morales; y ataca a la cooperación internacional y acusa al pueblo norteamericano de ser castigado por Dios a través de la crisis financiera y de vivienda.

Dentro de un esfuerzo de fortalecer su control político, Ortega ha introducido la represión e intimidación contra fuerzas sociales y políticas que legítimamente han reclamado responsabilidad política del gobernante, inclusive la evidencia de corrupción. El gobierno ha manipulado el sistema legal para legitimar su ataque contra instituciones como Cinco, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres, periodistas como Carlos Fernando Chamorro o Jaime Arellano, entre otros, con el propósito de silenciar la disidencia.

La represión contra los grupos sociales resulta justo después que la crítica contra el gobierno aumenta y la popularidad de Ortega ha caído por el suelo. Ortega ha debilitado a la Policía Nacional, una de las instituciones más importantes e impecables del país, silenciando a su comisionada con el propósito de sustituirla por alguien de su gusto. También ha cancelado la personería jurídica de partidos políticos de oposición como el MRS o el Partido Conservador, e intimidado a artistas nacionales por la crítica ante el gobierno.

La vuelta al autoritarismo sandinista no es pronóstico, sino una realidad. Y las acciones que Ortega ha tomado no son actos de desesperación, sino una estrategia de cerrar el círculo de poder para extender su control más allá de su actual período presidencial, mientras hace uso de la manipulación del sistema judicial. Ortega está gradualmente cerrando los espacios políticos aprovechando las divisiones políticas internas y la distracción internacional.

Ortega busca garantizar una victoria parcial en las elecciones municipales (el FSLN perderá en Managua y otras grandes municipalidades) ya sea por la vía de la violencia, intimidación o compra del voto, como un paso adicional a su control del poder político. Desafortunadamente la división política de la oposición nicaragüense, que incluye la extorsión y chantaje contra Alemán (actual responsable por la victoria de Ortega), el juicio contra Montealegre, entre otros; la intimidación de Ortega contra la sociedad civil, y la pobre atención y movilización internacional están contribuyendo al asentamiento del autoritarismo de Ortega.