Karlos Navarro
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Hace unas semanas visitó nuestro país uno de los grandes juristas españoles: el doctor José Antonio Escudero. Historiador del Derecho. Su visita fue rápida: dos días. Quería visitar Granada y León, y esencialmente, la casa y la tumba de Rubén Darío.

Erick Aguirre y yo, lo guiamos por Granada, y aunque de manera fugaz, al menos pudimos compartir con él algunas vivencias, recuerdos y experiencias de cuando fue senador, constituyente y eurodiputado.

Como gran hombre ya ha dejado su huella en la historia, y como jurista abona su legado en su obra, en la influencia que pudo tener en la jurisprudencia, en la formación de sus discípulos, y además en la traducción normativa de sus ideas.

Pero lo que mejor define a este hombre es la confianza “audaz” en el Derecho. Pericles, en la célebre “oración fúnebre” pronunciada el año primero de la guerra del Peloponeso (413 a.C.), proclamaba que los atenienses eran éticamente mejores que sus enemigos por razón de su “confianza audaz en la libertad”.

José Antonio Escudero pertenece a ese grupo de juristas de España que, como el recién fallecido García de Enterría, Villar Palasi, Fernando García Fallas y el más joven de ellos, Jesús González Pérez, conforman una generación de brillantes juristas, y que configuraron, a partir de los años cincuenta, un Estado de Administración, cuya traducción normativa se encuentra en las grandes leyes que conformaron el derecho público español, esencialmente las de procedimiento administrativo, contencioso, que han tenido una gran influencia en América Latina.

Ese andamiaje jurídico fue decisivo para que España tuviera una Constitución democrática a la altura de cualquier otra en Europa y el mundo; pero su influencia no se agota ahí, sino que se prolonga en la incesante labor de los más humildes operadores jurídicos, y se ensancha día a día en la forma organizativa que vertebran la convivencia social, erigiéndose como el único marco posible para garantizar la objetividad y la publicidad en el tratamiento de los asuntos públicos.

Cuando en España se estaba configurando esta armazón jurídica, en Nicaragua, muy amargamente, escribía Idelfonso Palma, en el año de 1947, en la presentación de su libro de Derecho Administrativo: “Han animado mi empeño: esa decepción que se sufre cuando se mira la pobreza intelectual en que nos debatimos y que nos obliga a aprender en la obra extranjera”.

Palma Martínez apunta y señala un mal que ha persistido y se ha resistido a ser superado: la falta de originalidad, la tendencia a reproducir las instituciones jurídicas europeas y la estadounidense.

Sin embargo, este fenómeno es la consecuencia y no el origen de este problema. La evolución compleja y problemática; la inestabilidad política y las alternancias en el poder, no solo de las personas o los grupos políticos, sino también de las ideologías y concepciones económicas y sociales, han sido más que frecuentes.

Esto, por supuesto, no ha impedido que existan algunos estudios meritorios, pero este tipo de trabajos son tan solo excepciones particulares, simples islas en un inmenso océano de olvido. Talvez una de las causas sea que en las universidades no se promueve la investigación; la mayoría de los profesores universitarios, con excepción de algunas universidades, son contratados por servicios profesionales, y no concurre algo muy importante: un sistema de acreditación y de oposición para asumir la cátedra de una materia jurídica.

Las facultades de Derecho que ofrecían una educación de buen nivel hasta la década de los setenta, experimentaron un proceso de masificación a partir de los ochenta, hasta llegar el día de hoy a 27 escuelas de Derecho, y cada año egresan casi mil quinientos licenciados.

La mayoría de estas escuelas presentan condiciones mínimas de infraestructura y calidad. La ausencia de regulación que asegure un desempeño adecuado y de calidad tiene como consecuencia que la ciudadanía y los juzgadores se quejen de la deficiente calidad profesional de los abogados, y contribuyan a fomentar la desconfianza y la mala imagen de la justicia en la sociedad.

Nicaragua presenta a lo largo de su historia un panorama plagado de problemas, pero también de esperanzas. Celebrar el Día del Abogado en honor a un prócer de las calidades intelectuales y humanas de Miguel Larreynaga es un logro mayúsculo, ya que nos une para pensar y reflexionar entorno a nuestra profesión, entorno a los problemas que presenta en la actualidad y a los retos que tenemos los abogados para tener una confianza “audaz en el Derecho”, es decir, que la idea de libertad auténtica y la legalidad solo se puede dar bajo el imperio de la ley, que es nuestro objeto de defensa cotidiana.

 

* Historiador y abogado.