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La propuesta de reforma de siete puntos, presentada por el gobierno de Nicaragua, es un tema controversial que difícilmente logrará satisfacer por igual a todos los actores involucrados: trabajadores, patronos y el propio Estado. Las discrepancias de puntos de vista resaltan claramente durante el debate y cabe esperar que la irritación se torne evidente y candente, cuando la reforma se apruebe y se haga efectiva.

Hasta finales de los 70, los países latinoamericanos venían aplicando el “Modelo de Sistema de Reparto”, caracterizado por un aporte obligatorio de los trabajadores activos, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados.

No obstante, las dificultades financieras de los sistemas de reparto obligaron a varios países a reformar sus sistemas de pensiones.

En 1981, Chile fue el primer país latinoamericano en reemplazar su sistema de reparto por el “Modelo Sustitutivo”, donde se establece un sistema privado de capitalización individual. En los 90, ocho países latinoamericanos, incluyendo Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia, y México, reformaron sus sistemas de pensiones. En 2003 se pretendió implementar en Nicaragua el “Modelo Sustitutivo”, al estilo chileno. En el tercer modelo de reforma estructural, el “Modelo Mixto”, coexiste el sistema público de reparto que otorga una pensión básica, con un sistema privado que se crea para ofrecer una pensión complementaria.

Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea, no han hecho reformas profundas a la seguridad social, aunque la mayoría han emprendido reformas paramétricas al sistema de reparto para aliviar las presiones financieras. Por otro lado, en los países europeos la mayor preocupación es el financiamiento de las pensiones, en particular, las pensiones por vejez, debido a la concentración de su pirámide demográfica en el grupo personas de edad avanzada. Se trata de establecer medidas que permitan lidiar con el problema demográfico, respetando a la vez el derecho de las personas a tener una vejez digna.

En el marco de la crisis financiera iniciada en 2008, que desembocó en la Gran Recesión en la que todavía están inmersos varios países europeos, se mantiene vigente el sistema de reparto, aunque algunos países han incorporado esquemas de capitalización individual de forma complementaria y de acceso voluntario. Entre las medidas para aligerar la presión financiera de las pensiones se encuentran: la disminución de la jubilación anticipada, el aumento de la edad de jubilación, el aumento del periodo de cotización, y el aumento de la base de cotización.

Resulta comprensible que una de las propuestas del gobierno nicaragüense al Sector Privado, sea la de crear un sistema de pensiones privado, que sería un segundo estrato de ahorro voluntario para pensiones, para aquellas personas que tengan capacidad de hacerlo. Respecto a la deuda con el INSS (US$580 millones), considero positivo su reconocimiento y la disposición del gobierno de pagar un servicio anual a partir del 2014. No obstante, subsiste el señalamiento sobre los inmuebles traspasados al Sistema Nacional de Salud en los años 80, que requiere una respuesta oficial.

Considero que la deuda se debe indexar al dólar y sujetarse al pago de una tasa de interés concesional. Además, el servicio anual de C$250 millones anuales debería complementarse con otro servicio proporcional a la tasa anual de incremento de los ingresos tributarios, y pagadero contra los recursos de la sobrerrecaudación fiscal.

En cuanto a la idoneidad del INSS para administrar los recursos financieros, se trata de un área en la que todavía hay mucho por hacer, incluyendo lograr la auditabilidad de los estados financieros. Para fortalecer la administración financiera del INSS ayudaría bastante la creación, dentro de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de una Intendencia de la Seguridad Social, como existe en otros países, para supervisar el cumplimiento del INSS y también de las Clínicas Previsionales. Además, debe actualizarse la normativa para el manejo financiero incluyendo las inversiones, que deben sujetarse a los análisis de riesgos pertinentes y no exclusivamente al criterio de rentabilidad.

Finalmente, tengo la convicción de que los otros puntos propuestos por el gobierno serán discutidos a profundidad por los sectores correspondientes, y que sobre los mismos se verterán muchas opiniones valiosas, como las que ya se vienen dando a conocer.

 

* Economista, MBA.