Jorge Eduardo Arellano
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Valdrak Jentske, Viceministro de Relaciones Exteriores, decía que las organizaciones de sociedad civil deberían “dedicarse a trabajar por el desarrollo y dejar de hacer política”. En términos parecidos se ha manifestado en diversas ocasiones el dirigente del FSLN Bayardo Arce, que ha dicho que si las ONG se quieren dedicar a la política, deben convertirse en partido político o meterse a un partido político.

Ninguno de estos funcionarios carece de la formación política necesaria como para no comprender que lo que han afirmado es un contrasentido absoluto. Asumo, entonces, que sus opiniones solamente expresan su deseo de que el partido en el gobierno, junto a otros partidos y organizaciones afines, obtenga el monopolio de la política para que ésta sirva exclusivamente a los intereses que tienen las elites de poder que están administrando el gobierno o las que tienen alianzas con el gobierno.

En mi concepto, es absolutamente imposible trabajar por el desarrollo sin hacer política o sin meterse en política. Si uno trabaja por el bienestar de la población en cualquier esfera, sea la producción alimentaria, la salud, la educación, el acceso a infraestructura básica, el acceso a los servicios públicos, el desarrollo cultural o alguna otra, es imposible hacerlo sin estar permanentemente atento a las decisiones de política pública, sin intentar modificar aquellas políticas que no favorecen los objetivos de bienestar y desarrollo por los que trabajamos y sin incidir para generar nuevas políticas públicas adecuadas a esos propósitos. Gracias a esta dinámica de “hacer política”, garantizada además por la Constitución y las leyes, las organizaciones han logrado a lo largo de los años, importantes conquistas en la definición de leyes y políticas que favorecen los intereses de amplios grupos de población. Pero también han estado atentas a que se apliquen esas leyes y a que las definiciones de política no sean papel mojado. Son también vigilantes y promotoras de contraloría y auditoría social para que las instancias del Estado cumplan con sus respectivos roles y mandatos.

De igual modo, opino que no es posible trabajar por el desarrollo sin trabajar en defensa de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos ciudadanos. Toda la labor por el desarrollo y el bienestar está estrechamente vinculada con los derechos humanos. Gran parte de los obstáculos que las personas encuentran para lograr su propio desarrollo y el de sus comunidades proviene precisamente de la violación de sus derechos o del cierre de espacios para el ejercicio pleno de sus derechos. Los y las nicaragüenses no podremos crear condiciones para desarrollar toda la capacidad, la creatividad, la iniciativa y la voluntad de hacer cada vez mejores y mayores aportes al desarrollo personal y social, si no tenemos plenas garantías de que nuestros derechos como ciudadanos y como personas son absolutamente respetados y si no respetamos los derechos de los demás. La violación de los derechos de las personas obstaculiza el desarrollo social y abona a un enorme desperdicio de capacidades, habilidades y sabiduría humanas. Y no me cabe duda de que no podemos trabajar por la defensa de los derechos humanos, constitucionales y ciudadanos, sin hacer política, puesto que mucho de la violación de derechos proviene del comportamiento de las elites de poder, de sus estrechos vínculos con las instituciones públicas y con quienes en cada momento las administran.

Finalmente, me parece inconcebible trabajar por el desarrollo sin trabajar por la amplia y profunda democratización de todas las relaciones sociales, por la equidad en todos los planos de la vida social y por la democratización e igualdad de oportunidades. No existe bandera más revolucionaria que la democratización de todas las relaciones sociales. La democratización en las relaciones políticas a todos los niveles, en las relaciones económicas, en las relaciones cotidianas entre los seres humanos, es el ámbito en que la sociedad puede desarrollar todas sus energías y potencialidades.

Ésa es la razón por la que considero un comportamiento abiertamente y profundamente reaccionario, cavernario y de derecha, pretender cercenar el derecho de las organizaciones a “hacer política”, la voluntad gubernamental de cerrar espacios políticos, de imponer determinadas relaciones de poder de manera arbitraria, cancelar injustificadamente personerías jurídicas a partidos políticos para cerrar las opciones de voto a la ciudadanía, perseguir organizaciones que trabajan promoviendo ciudadanía, promoviendo organización y participación ciudadanas y defendiendo derechos humanos y derechos constitucionales, que promueven de manera práctica y concreta el desarrollo económico y social. Así es como se ha comportado históricamente la derecha, de forma absolutamente antidemocrática o aparentemente democrática, para favorecer intereses de elites.

Nicaragua no tiene conflicto militar con nadie. Ninguna potencia extranjera está agrediendo militarmente o abusivamente al país ni al actual gobierno y nadie nos está queriendo imponer desde fuera ningún sistema de gobierno. Nadie, desde el exterior, está promoviendo una guerra civil. Tampoco ha habido ningún desastre natural de magnitudes inmanejables. No existe un solo motivo que pudiera servir de justificación o pretexto para el cierre de espacios políticos más que el de despejar el campo para el desarrollo de los intereses exclusivos de las cúpulas en el poder.

Para todos es claro que si algunas organizaciones en particular violentan derechos o procedimientos establecidos por ley, existen suficientes mecanismos administrativos y jurídicos para lograr que actúen conforme con la ley. Una buena parte de esas disposiciones están en la Ley 147 y otras herramientas del marco jurídico. Ante los abusivos requerimientos de la Fiscalía General de la República, muchas organizaciones han expresado claramente que no tienen problemas para presentar sus papeles y sus cuentas porque no tienen nada que esconder, pero que les notifiquen primero de qué se les acusa, tal como manda el debido proceso, lo que hasta el momento no ha sucedido. Porque también es claro que la actual persecución contra las organizaciones es esencialmente política disfrazada o respaldada con cualquier arbitrariedad jurídica.

Finalmente, si existe alguna crítica a la forma en que las organizaciones trabajan con la población, o a las concepciones con las que trabajan, o a las motivaciones desde las que trabajan, no es en el ámbito de la represión política gubernamental donde esas contradicciones deberían resolverse, ni amenazándolas ni tratando de callarlas o subordinarlas con la lógica del miedo, sino en la lucha ideológica, terreno en que el actual gobierno ha decidido no presentarse porque ha elegido utilizar la violencia, el miedo, la represión y la fuerza en vez de la razón y las ideas.