Valentín Barahona Mejía
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Ha sido y sigue siendo un principio universal reconocido y aceptado por todos que la justicia debe ser gratuita; se pretende que los ciudadanos pobres o ricos tengan libre acceso a la administración de justicia. La única forma de garantizar la gratuidad es que el Estado garantice el presupuesto a los órganos jurisdiccionales para invertir en infraestructura, instrumentos de trabajo, personal, papelería, transporte, comunicaciones; que no haya carencias y el sistema funcione con equidad e imparcialidad.

¿Se imaginan un modelo de justicia donde el usuario tenga que pagar por los servicios? Todo se movería bajo la oferta y la demanda: compra y vende el que tiene dinero, más los pobres sufrirían. Cuando la justicia es onerosa, aunque en el papel diga que es gratuita, los pobres no tienen acceso a ella. Bajo esas premisas los descamisados jamás tendrían la posibilidad de que se les haga justicia.

Formalmente se dice que en Nicaragua la justicia es gratuita. Así lo proclama el artículo 165 de la Constitución; pero la práctica ha demostrado lo contrario, puesto que dentro del Poder Judicial ha sido una tónica que los jueces civiles cobren por realizar inspecciones, embargos preventivos, requerimientos de pago, librar mandamientos, efectuar secuestros o ejecutar sentencias.

En tiempos no muy lejanos, el dinero corría por debajo de la mesa, algunos funcionarios en poco tiempo se hacían de pequeñas fortunas. Tales prácticas se mantuvieron por muchos años, y se veía tan natural entre jueces y algunos magistrados.

En los últimos diez años, el Poder Judicial ha crecido como jamás antes; ahora ha surgido la corriente moderna de la especialización; se crean más juzgados, se aumenta personal, los salarios fueron sustancialmente mejorados, se han construido edificios de lujo. Así, el 4%, que el Estado asigna cada año no llena las exhorbitantes y desbocados requerimientos económicos de que precisa el sistema de justicia.

Por tales circunstancias, las instancias superiores están aplicando una serie de medidas con el fin de conseguir más recursos, los cuales salen de los bolsillos del usuario. Por ejemplo, en los complejos judiciales nombraron funcionarios con calidad de Juez de Distrito, este tiene como función exclusiva llevar a efecto embargos, requerimientos, secuestros o ejecuciones de sentencias, pero estos servicios no son gratuitos, existe una tabla porcentual a pagar que va de 500 córdobas como mínimo, hasta 10 mil córdobas como máximo. Para recibir el servicio el usuario debe depositar previamente la suma en una cuenta bancaria a nombre de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante acuerdo de la CSJ, los jueces ahora están inhibidos de hacer cobros. Los titulares de los juzgados de distrito y locales, y aun los suplentes, están inhibidos para ejecutar tales actividades. El cobro ahora lo realiza la CSJ, a través del Juez de Embargo y secuestro, y las sumas de dinero depositadas van directo a la CSJ. Entonces la fábula de que la justicia es gratuita perdió vigencia no solo en la forma, sino que en el fondo.

La política de hoy es que tendrá justicia el que tenga capacidad de pago; pero lo más grave del asunto es que nadie en este país puede detener el proceso de onerosidad a que está siendo llevada la justicia.

 

* Abogado y notario