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Hace poco, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, informó que cada 20 minutos se produce una denuncia ante el sistema judicial por violencia intrafamiliar. Evidentemente, la Ley 779 está sacando a luz la realidad por siglos oculta y minimizada: que demasiadas mujeres son violentadas y que el miedo y la desprotección han estado paralizando la denuncia.

Es posible sin embargo, que la violencia se haya incrementado en los últimos años por la coincidencia histórica entre la pérdida de poder económico de los hombres a causa del desempleo, la subocupación, la exclusión y marginalidad y los cambios de género que han empujado a millares de mujeres a la vida laboral permitiéndoles obtener un ingreso.

Semejante cambio en las relaciones de poder en familias tradicionalmente autoritarias y patriarcales, no ha sido acompañado de un cambio en las creencias y mentalidades, lo que se relaciona con el incremento de la violencia hacia las mujeres, hacia la niñez, la violencia callejera y los delitos, como formas de restitución del poder masculino y desahogo de las frustraciones.

Claramente, estamos asistiendo a una crisis en la masculinidad tradicional, asociada a los roles machistas. Millares de hombres vinculan su condición masculina con su rol de proveedor, con el ejercicio de la violencia y con comportamientos sexuales promiscuos. No se preguntan si hay otra forma de vivir la masculinidad que pueda ser más segura, beneficiosa y gratificante, por el temor a calificativos como “debilidad”, “cobardía” o “falta de hombría”.

De ahí la urgencia de educar a la población masculina en una masculinidad y una paternidad distanciada de los roles machistas, y fomentar su capacidad de resistir la presión social, rechazar los roles impuestos y superar al temor a expresar libremente emociones y sentimientos.

Un impedimento a este cambio es la cultura que apaña, justifica y minimiza la violencia intrafamiliar. Aun con la nueva ley, una agresión cometida en la calle es juzgada con mucha más severidad que si fuese cometida en el hogar, pues se consideran estos delitos como “excesos” debidos a problemas conyugales que pueden resolverse puertas adentro.

El hecho de que un hombre golpee a su pareja y ella continúe viviendo a su lado, sugiere que mientras se consienta la situación, nadie debe meterse en “pleitos de pareja”. Si seguimos educando a los hombres para mantener su rol de dominación por medio de la violencia, es mucho más probable que el ámbito familiar continúe siendo, con ley o sin ley, un campo de batalla.

Las mujeres han aprendido a subsistir en estas condiciones de modos muchas veces bizarros, alentados por la cultura patriarcal, tales como justificar el maltrato a ellas mismas, o aceptar y encubrir de la violencia del padre o padrastro contra los hijos e hijas.

Muchas mujeres evidencian una sorprendente identificación con su “secuestrador”, que a la manera del síndrome de Estocolmo, las hace someterse cada día más y actuar incluso ante la justicia para que se lo absuelva de delitos graves, como el abuso sexual a sus hijas.

En el análisis sobre las razones por las cuales las mujeres se someten a sus parejas agresoras, diversos estudios señalan factores como una baja autoestima, sentimientos ambivalentes hacia el maltratador, temor a asumir la responsabilidad del fracaso familiar y sus consecuencias, dependencia económica y afectiva, falta de recursos jurídicos que las protejan, vergüenza social o familiar, tendencia a autoculparse por lo sucedido, la no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja, la falta de conciencia acerca del hecho de estar siendo maltratadas.

Pero estas explicaciones omiten las poderosas razones culturales que alientan estas actitudes a través de los mandatos de género con los que la familia y la sociedad presionan a las mujeres. Muchas veces las madres transmiten estos mandatos mediante formas de presión y señalamientos como “esa es tu cruz y tenés que cargarla” o “él te mantiene y debés aguantar”. Se trata de una profunda identificación con el rol de servidora sumisa, una suerte de esclavitud del ideario patriarcal, con frecuencia alentado por creencias religiosas conservadoras y una proyección idealizada del poder masculino que adquiere así ribetes de omnipotencia.

Este es el contexto cultural en que se aprobó la Ley 779 y la razón por la cual se ha estrellado con siglos de tradición machista que han impedido a hombres y mujeres comprender que la cultura patriarcal es la mayor amenaza a las relaciones de pareja y las relaciones familiares, y como todos podríamos ganar si comenzamos a superar estas mentalidades.

 

* Directora Ceprev.

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