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Apenas resuelta la crisis reciente que provocó el cierre de la Administración federal y a punto estuvo de llevar a Estados Unidos a una declaración de quiebra nacional, la oposición republicana, que no consiguió arrancar concesiones al Gobierno en esa oportunidad, ha vuelto a la carga contra la reforma sanitaria de Barack Obama, esta vez por el mal funcionamiento de la página web que explica y registra los nuevos seguros médicos. Pero en esta ocasión, los republicanos no están solos. También algunos demócratas se han quejado de ese error, y los medios de comunicación se han lanzado sobre el asunto con toda la insistencia que les ha faltado en la crisis del espionaje.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se ve obligado a diario a responder preguntas sobre las sospechas que los fallos en la web han desatado respecto al funcionamiento de todo el nuevo sistema sanitario que la Administración pretende poner en pie. El acoso al Gobierno sobre este tema se focalizó en la persona de Kathleen Sebelius, la secretaria de Salud, que fue sometida a una de las más duras sesiones de preguntas que se recuerdan en la Cámara de Representantes, donde anida el grueso del Tea Party.

El propio presidente, que en días pasados explicó en público que la reforma sanitaria es algo más que una página en Internet, ha tenido que regresar al círculo de mítines, con un acto ayer en Boston, para destacar las ventajas de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso en 2009, ratificada por el Tribunal Supremo en 2012 y que, a partir del 1 de enero, permitirá que prácticamente todos los norteamericanos dispongan de un seguro de salud.

Planteado así, con semejante legitimidad jurídica y con tan notables beneficios para los ciudadanos, resulta extraño que, ya bien avanzado su segundo mandato, Obama tenga que seguir defendiendo hoy una ley que ocupó su tiempo en los primeros meses de su presidencia. El esfuerzo puede resultar justificado si se considera que esa ley seguramente acabará siendo el mayor legado de Obama y, talvez, el mayor progreso social experimentado en este país en varias décadas.

Por el momento, lo que se ha dado en llamar Obamacare no goza de un respaldo popular incontestable y sigue siendo el principal blanco de los ataques del Partido Republicano, que siente que puede ganar esta batalla, acabar con la reforma sanitaria y, con ello, destruir a Obama y reducir las posibilidades de otros futuros candidatos presidenciales demócratas. No todos los republicanos creen que esta sea la guerra adecuada para su partido. John McCain, por ejemplo, está entre quienes, aunque critican la ley, creen que los conservadores deberían moverse ya hacia otros objetivos. Pero el bloque extremista que controla el partido -y que ha sido elegido en las urnas bajo la promesa de derribar la reforma sanitaria- no ceja en ese empeño.

Esa obstinación responde, en parte, al propio fanatismo ideológico del Tea Party, que entiende Obamacare como la representación suprema del sistema socialista que Obama trata de imponer. La reforma sanitaria es, según esa visión, la consumación del control de los ciudadanos por parte del Gobierno, que, con esta ley, decidirá incluso sobre su salud.

La intransigencia del Tea Party no es, sin embargo, la única razón por la que el debate sobre la reforma sanitaria sigue abierto. También existen dudas entre los ciudadanos, que se han confirmado al comprobarse los fallos de la página web. No es que el sistema se haya caído por completo en ningún momento, pero sí se han producido retrasos enormes en un proceso de registro ya complejo de por sí. Eso ha despertado todos los fantasmas sobre la dificultad de poner en marcha un sistema sanitario que pretende añadir a millones de nuevos asegurados y modificará las condiciones de otros ya asegurados.

Sebelius prometió ayer que la página web estará en perfectas condiciones a finales de noviembre, que el proceso de registro avanzará sin grandes complicaciones y que el año próximo todo el mundo empezará a comprobar las ventajas a su alcance. Pero los rivales de la reforma ven en todo esto una burocracia gigantesca y muy cara. El público no acaba de tenerlo muy claro. Las encuestas recogen resultados poco concluyentes, pero podría decirse que alrededor de un 60% de la población apoya la reforma y un 40% se opone, entre ellos quienes consideran la ley poco ambiciosa.

 

* Corresponsal El País en Washington.

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