Jorge Eduardo Arellano
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En las últimas décadas, en toda América Latina se registra un notable incremento cuantitativo de la educación superior, tanto en términos del número de estudiantes matriculados en este nivel como en cuanto al número de universidades e instituciones de educación superior. Una de las características de esta extraordinaria expansión es la creciente participación del sector privado. Más de la mitad de las universidades e instituciones de educación superior existentes en la región pertenecen al sector privado.

Tal expansión es correlativa del notable crecimiento de la población juvenil que demanda estos estudios. Sin embargo, los análisis demuestran que esa expansión no ha respondido a un plan racional. Tampoco el incremento cuantitativo ha sido acompañado de esfuerzos similares en el plano cualitativo; por el contrario, se observa un paulatino deterioro en la calidad del trabajo académico y de los graduados, producto de múltiples causas, entre ellas las limitaciones de recursos financieros y docentes de las improvisadas universidades de zaguán.

Por otra parte, hoy día la posesión de un título universitario no asegura de por sí ni un puesto de trabajo ni el mejoramiento de los ingresos, o siquiera un mejor status social. La ecuación “título = empleo” ya no tiene la misma validez de hace varias décadas. Cada vez más se hace sentir una “diferenciación institucional”, en virtud de la cual el status social y el empleo se ligan a la posesión de un título de determinada institución, generalmente las que gozan de mejor reputación académica a nivel nacional o internacional. Los títulos de las otras instituciones sufren una devaluación en el mercado profesional, de suerte que muchas veces resultan en una frustración para los jóvenes que invirtieron su tiempo y dinero siguiendo estudios en instituciones cuyos títulos no compiten en términos favorables. A estas instituciones de segunda clase se les considera como instituciones de “absorción de matrícula”. Proveen los cupos para que los bachilleres tengan acceso a la educación superior, pero no los títulos ni las calificaciones adecuadas para competir en el mercado profesional.

Ante la presión de los jóvenes por acceder a la enseñanza superior, cuando no existe una política racional de desarrollo para este nivel, es muy fácil que se incurra en el fenómeno de la proliferación de universidades, que es el crecimiento desordenado del número de universidades e instituciones de educación superior, surgiendo así instituciones que no reúnen los requisitos académicos mínimos para ofrecer una enseñanza realmente superior, además de correr el riesgo de transformar la educación superior en un simple negocio. En último término, la sociedad es la que paga las consecuencias si nadie garantiza la capacidad profesional de los egresados de esas instituciones, amén de la saturación que pueden generar en determinados campos profesionales, disminuyendo el prestigio y la dignidad de esas profesiones.

El mecanismo más adecuado para asegurar a la sociedad la calidad de los egresados de las universidades es crear un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, con representantes altamente calificados del mundo académico, tal como existen en los países que se han decidido a enfrentar seriamente este problema. Lo peor que en este aspecto puede ocurrir es la partidarización de estos organismos, como sucede cuando sus integrantes son designados por foros políticos, como las Asambleas Nacionales, sin tener en cuenta criterios estrictamente académicos. El resultado es la conformación de organismos carentes de capacidad y de credibilidad, que resultan inoperantes.

No se trata de impedir al sector privado su participación en la educación superior, sino de introducir racionalidad, seriedad y garantías para la sociedad, en un proceso que puede ser benéfico para el país, siempre que no se caiga en el fenómeno de la proliferación desordenada y sin control alguno, al extremo que lleguemos a tener una “universidad” en cada esquina de Managua. Si esto ocurre, nos llenaremos de profesionales desempleados o subempleados, que poco podrán contribuir al desarrollo del país.

La inversión en educación superior, lo hemos afirmado muchas veces, tiene carácter estratégico para un país, siempre y cuando se trate de una educación superior que goce de pertinencia y calidad. Es estratégica por cuanto hoy día la competitividad de las naciones está ligada a la disponibilidad de recursos humanos de alto nivel y al dominio de la ciencia, la tecnología y la innovación, tareas que incumben a las universidades, siempre que éstas sean instituciones académicamente serias y responsables.