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Más que reformas constitucionales, Nicaragua necesita fortalecer la institucionalidad democrática, la independencia de los Poderes del Estado, un Consejo Supremo Electoral confiable para todos, una nueva Ley Electoral, y que tanto el gobierno como la oposición siempre actúen pensando primero en los intereses del país haciendo política con ética para consolidar una auténtica democracia y el Estado de Derecho.

Reformar la Constitución puede ser conveniente o inconveniente para el bien del país según su contenido y momento. Ahora ya avanza un proyecto que contiene algunas reformas convenientes y otras inconvenientes. Después de estudiarlo y analizar los diferentes aportes presentados, entre otros, por la Conferencia Episcopal, el Cosep y Amcham, tengo algunas observaciones.

El proyecto propone demasiadas reformas. Una reforma tan amplia no es buena porque la Constitución es el fundamento jurídico del Estado y debe ser sólida y estable. No es lo mismo reformar dos o cinco artículos que 39, pues se afecta la estabilidad y seguridad jurídica, produce intranquilidad y el país vería afectado su desarrollo normal. Deben hacerse pocas reformas y únicamente aquellas que en la consulta no resultaron objetadas –directa o indirectamente- por instituciones serias no vinculadas con quien las propone, o sea el gobierno.

1) No debe aprobarse que militares y policías antes de su retiro ocupen cargos civiles en el gobierno; el servicio civil deben prestarlo, precisamente, los civiles. Sin menoscabo del prestigio que mantienen el Ejército y la Policía, ya tienen su delimitación natural.

2) El diálogo del Gobierno con sectores empresariales, gremiales y trabajadores a diferentes niveles no debe excluir el papel de los partidos que deben tener incidencia en lo político, social y económico, garantizando el pluralismo.

3) Los Gabinetes de la Familia no deben tener rango constitucional. Tan solo estando en la ley existe ya el peligro de abusos por ignorancia o mala fe traducido en intromisiones en el núcleo de la sociedad que es la familia, cuyo ámbito es sagrado.

4) En Nicaragua no debe darse la reelección presidencial indefinida. Se pueden dar variables en cuanto a límites que satisfagan a todos, pero debe haber límites. La historia es maestra de la vida y conocemos la nuestra.

5) Establecer conceptos y definiciones que no son incluyentes del sentir de la totalidad de la población, como definir al Estado como cristiano, socialista y solidario, desvirtúa el concepto de Ley Fundamental al ser excluyente. Un gobierno puede tener valores cristianos y principios socialistas, pero no el Estado donde conviven quienes sustentan diferentes valores y principios.

No puedo analizar aquí los 39 artículos que se pretenden reformar, pero estas son, a mi parecer, las principales reformas que no convienen a Nicaragua. Otras se pueden discutir y aprobar con modificaciones. Algunas son buenas, como la creación de tribunales para defenderse de posibles abusos de la administración pública. Están las que tienen su lógica, como que el presidente dicte decretos en su propio ámbito administrativo. Otras son conceptuales y no se necesitan, abultan el proyecto de reformas creando conflictos innecesariamente.

El gobierno no debe insistir en aquellas reformas que no gozan de la aprobación consensuada de un sector importante de la población tal como lo expresaron las instituciones antes citadas. Espero que las objeciones y recomendaciones de estas instituciones serias y no partidarias hechas sin intereses políticos serán debidamente tomadas en cuenta; que se discuta y apruebe artículo por artículo, y que en ambas legislaturas en que tendrían que aprobarse se puedan hacer cambios.

 

* Abogado, periodista y escritor.

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