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Por defender el derecho al aborto terapéutico, las mujeres nicaragüenses hemos vivido una constante represión. Misma que llega hasta la amenaza de cárcel atendiendo denuncia interpuesta por la ANPDH que busca acallar las voces que se  alzaron frente a semejante injusticia.

No les bastó quitar a las mujeres la oportunidad de vivir ahora quieren llevar a sus defensoras a la cárcel. Quieren  atemorizar  las crecientes voces y conciencias de quienes se pronuncian por la vida de las mujeres y la restitución del aborto terapéutico.

Todas las mujeres hoy acusadas, pertenecen a organizaciones que históricamente han trabajado en defensa de  los derechos humanos, para erradicar la violencia, el abuso sexual y la explotación de mujeres, niños y niñas y adolescentes.

Las mujeres nicaragüenses están desamparadas. Desde que los diputados del FSLN, ALN y PLC eliminaron el artículo de ley que permitía interrumpir el embarazo, muchas mujeres pobres han muerto y más de 92 niños y niñas quedaron huérfanos.  Asimismo cada 2 horas y 14 minutos se comete un delito sexual, contra niñas y adolescentes muchas de las cuales terminan con un embarazo que pone en peligro su vida y su futuro.

En el 2007 se aumentó en 9 el número fallecidas por violencia sexual. El año pasado la policía registro  62 mil 322  delitos  contra las mujeres, 54 mujeres fueron asesinadas en su mayoría por sus conyugues, y otras 82 fallecieron por complicaciones del embarazo o parto.

El gobierno no destina suficientes  recursos del Estado para resolver esos problemas de vida o muerte, y más bien utiliza sus instituciones para reprimir..

Es contradictorio  que mientras los violadores, abusadores sexuales, narcotraficantes y funcionarios corruptos salen libres, a  las mujeres que defienden a las mujeres se les quiera encarcelar. Nicaragua está pobre de justicia. La aceptación de una  acusación, instigada por sectores que desprecian el derecho de las mujeres a vivir,  es otra expresión de esa falta de justicia  que sufrimos las mujeres.  No hay acceso a la justicia.  

Las mujeres acusadas actuaron de acuerdo con los principios éticos más elevados y apegadas a derecho jurídico nacional, respaldado con tratados internacionales firmados por el Estado nicaragüense. El movimiento feminista demanda el retiro de la acusación, el respeto a la integridad física y moral  de las acusadas, el cese a la represión a todas las organizaciones sociales y de mujeres, y la restitución de aborto terapéutico.

Reiteramos nuestra  decisión de lucha,  no nos callaran. No tenemos miedo. Las mujeres tenemos el derecho de vivir y de manea digna.