Jorge Eduardo Arellano
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Con suma sorpresa me he enterado de la resolución -de suspensión de las adopciones por situación de pobreza- emitida el pasado siete de octubre, por quien ejerce como Ministra por la Ley del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.

Al margen de la discusión en torno a si quien dictó la sui géneris resolución estaba facultada o no, lo cierto es que ésta era innecesaria; pues es sabido que desde 1998 entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), el cual determina claramente en sus artos. 22, 82 inciso h, y 32, que la carencia de recursos económicos de madres, padres o tutores no es motivo suficiente para suspender o perder la relación madre-padre-hijo(a), antes llamada patria potestad. Por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar medidas de protección especial en este orden. Luego se ordena que la adopción será la última opción (medida excepcional), una vez agotadas las demás medidas, entre otras: programas de apoyo a la familia, tratamiento médico o psicológico, supervisión, hogar sustituto o centro de protección. Disponiéndose finalmente que al momento que de hecho y de derecho pueda llevarse a cabo el proceso de la adopción, se debe privilegiar las solicitudes que presenten los(as) nacionales.

Ahora bien, hasta antes de la resolución referida, el tema de la adopción en nuestro país había logrado avances parciales con la aprobación de la reforma del Decreto No. 862 “Ley de Adopción” de 1981, a través de la Ley No. 614 de abril de 2007, que a pesar de haber transcurrido año y medio todavía no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, o en su defecto por el Poder Legislativo, como se indica en la Constitución Política y la Ley Orgánica de este último órgano del Estado.

Sin embargo, hay que anotar que aunque se posea una nueva ley de adopción, ésta no cuenta con las disposiciones necesarias para una tramitación segura de las adopciones internacionales, subsidiariamente tampoco puede echarse mano de un reglamento. Respecto a este tipo de adopción únicamente el arto. 3, que hace alusión al arto. 4 de la anterior ley, refiere lo que se debió normar con más rigidez y certeza en dicho sentido: el cumplimiento de requisitos formales y materiales de los adoptantes, la legalidad del Estudio Bio-psico-social; y el compromiso por escrito (¿?) que la institución homóloga del Ministerio de la Familia envíe anualmente los informes del seguimiento pos-adopción, hasta que el adoptado alcance la mayoría de edad; omitiéndose que dicha mayoría varía entre un país y otro.

¿Cómo se controlará, por ejemplo, el papel que podría jugar la intermediación de algunas agencias privadas de adopción que operan en este ámbito, o agrupaciones que cometan hechos delictivos en perjuicio de los menores de edad y sus familiares?. Sin duda, la norma tuvo que prever diversas irregularidades que podrían devenir de adopciones en las que estén involucradas personas de diferentes nacionalidades, cuyos estados previamente deben tener un sistema de cooperación especial instaurado en la materia; además de las propias legislaciones penales que se puedan utilizar para hacer frente a delitos como la sustracción, venta, tráfico de niños(as) y adolescentes, explotación sexual comercial, etc.

Considero que hubiese bastado que los diputados y diputadas hayan observado y hecho uso del marco jurídico internacional (específico) ya existente al momento que se disponían a legislar sobre la adopción. Me refiero básicamente a la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la “Declaración de la ONU sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”, más conocida como Declaración de las Naciones Unidas de 1986, así como el “Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, en vigor desde 1995.

Solamente cabrá esperar que el reglamento que se apruebe llene los vacíos jurídicos correspondientes, o de lo contrario se tendrá que iniciar por donde se debió: ratificar la Convención de la Haya, que de hecho es necesario y urgente, para luego elaborar y aprobar una ley y un reglamento sobre la adopción que estén en consonancia entre sí -respetando además el CNA-, y con los textos legales internacionales mencionados.

(*) agateyte80@yahoo.es