Jorge Eduardo Arellano
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Desde que tengo uso de razón, he oído decir que para prestamistas y banqueros somos “un país de riesgo”. Ante este supuesto riesgo, sus préstamos los otorgan en términos usureros y confiscatorios. Esta situación ha provocado que hoy estén en los inventarios de los banqueros, y sus famosos acreedores, miles de propiedades embargadas y expropiadas.

Muchos testaferros de oscuros personajes, nacionales y extranjeros, han comprado y siguen comprando a precio de “guate mojado” propiedades que los nicaragüenses malvenden por no contar con financiamientos justos y oportunos. Estos hermanos nicaragüenses que han perdido --y están perdiendo-- sus bienes, son obligados a aterrizar en la miseria.

La pobreza que provocó la guerra de los años ochenta, el robo, la corrupción y el abandono, ha provocado que muchos pobladores, campesinos y finqueros de Chontales, Boaco, Río San Juan, zonas fronterizas del Norte y del Sur, e incluso zonas costeras, sean asediados para obligarlos a vender sus propiedades, provocando cada día una mayor enajenación del país.

Urgen leyes que protejan a los nicaragüenses y al propio Estado de Nicaragua. Urge, ahora mismo, una Ley de Costas realista y moderna, que proteja al pueblo y al Estado de forma efectiva. Una Ley que no sólo beneficie a los llamados inversionistas --que ya tienen demasiados defensores dentro del país--, sino que obligue al manejo sostenible de los recursos nacionales a largo plazo y a invertir con responsabilidad social. No hay que seguir haciendo de Nicaragua el paraíso fiscal de los inversionistas especuladores.

La llamada clase política es ciega, muda y sorda cuando se trata de atender estos problemas vitales para el país, porque o son socios o son cómplices de un montón de “forasteros” en la compra de las tierras fronterizas, islas, cuencas y costas soberanas de forma especulativa, e incluso con capitales sin partida de nacimiento. ¿Y quién podría dudar que aprovechándose de estas compras el narcotráfico las utilizara para lavar dinero?
Es necesario que los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua salgan, vayan y escuchen a los campesinos, habitantes de nuestras tierras fronterizas y costaneras. Estos nicaragüenses no pueden hacer “lobby” en la Asamblea, y ni cuenta se dan de ese futuro inmediato al que están llegando, donde irán quedándose como simples mozos de “forasteros” en su propio país.

Estamos perdiendo todo, miles de manzanas, pues las mejores tierras ya están en manos de hondureños, salvadoreños, mejicanos, gringos, europeos y ticos. Estos extranjeros se han aprovechado del abandono del Estado y del empobrecimiento provocado por el robo y la corrupción de algunos funcionarios y autoridades de Nicaragua.

Se necesita una Ley de Fronteras y una Ley de Costas real, práctica y duradera. Se necesita sobre todo que se cumpla, para que ayude al desarrollo del país, al nicaragüense y al inversionista honrado. Estas leyes deben dar seguridad jurídica, y sobre todo deben tener un gran carácter de soberanía nacional.


gallosnicaragua@hotmail.com