Jorge Eduardo Arellano
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El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) está realizando inspecciones en todo el territorio nacional con el pretendido objetivo de salvaguardar los derechos de quienes brindan servicios independientes. El argumento central es que todas las personas nacionales y extranjeras, que mediante una relación laboral, verbal o escrita, o por cualquier medio de contratación, realicen obras o servicios, sean éstos en forma temporal o permanente, independientemente del tipo de relación laboral o de servicios que los vinculen, deben integrarse al sistema de seguridad social en el régimen obligatorio. Con este planteamiento los funcionarios del INSS transgredren la ley por las siguientes razones:
Nuestra Constitución Política en los artículos 61, 82 y 105 consigna que los nicaragüenses tenemos derecho a la Seguridad Social. Específicamente el artículo 61 Cn. dice: “El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”. La ley ordinaria que aplica este derecho es la Ley de Seguridad Social, que fija dos regímenes: el Obligatorio y el Facultativo, siendo esta última opción la que aplica para aquellas personas físicas que brindan un servicio de forma ocasional, eventual e independiente, del que no surge una relación laboral. Veamos las diferencias del caso y el fundamento legal aplicable:
TRABAJADOR: resulta imprescindible tener presente que la reforma de abril del año 2005 no dejó ningún margen de duda en torno a este concepto, ya que según lo establecido en el inciso b) del artículo 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social: “Trabajador. Sujeto al régimen del seguro social es toda persona que presta o desempeña un trabajo o realiza un servicio profesional o de cualquier naturaleza, en calidad de dependiente, en forma eventual, temporal o permanente, a un empleador (…)”. Complementariamente, el artículo 19 del Código del Trabajo desarrolla ese concepto indicando que: “Relación laboral o de trabajo, cualquiera sea la causa que le dé origen, es la prestación de trabajo de una persona natural subordinada a un empleador mediante el pago de una remuneración”.

TRABAJADOR INDEPENDIENTE: El artículo 1, inciso c) del Reglamento de la Ley de Seguridad Social define al trabajador independiente o por cuenta propia como: “Aquel cuyo trabajo no depende de un empleador”. Es decir, el vínculo que surge entre el trabajador independiente y el contratante se basa en el principio de autonomía de voluntad entre las partes, el que para su validez únicamente requiere el consentimiento de ambos y que el objeto sea cierto.

SEGURO OBLIGATORIO. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Social expresa: “Son sujetos de aseguramiento obligatorio: a) Las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea ésta natural o jurídica, independientemente del tipo de relación laboral o de servicio que los vincule, lo mismo que la personalidad jurídica o la naturaleza económica del empleador, empresa o institución pública o privada que utilice sus servicios (…)”. En otras palabras, quedan fuera de estas medidas sociales obligatorias, las personas que prestan sus servicios regidos por las normas del derecho civil o de otra índole, salvo la laboral.

SEGURO FACULTATIVO. Permite que la persona física se afilie y reporte sus cotizaciones sin que intervenga un contratante. En caso contrario, si quien percibe un ingreso del tipo que fuese cotiza obligatoriamente, entonces no tendría razón de existir el Seguro Facultativo creado en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Social, que también contempla el Seguro Obligatorio. De tal manera que la mencionada Ley y su Reglamento otorgan la facultad a los trabajadores independientes de afiliarse voluntariamente al Seguro Facultativo.

DIFERENCIAS DE FONDO. A fin de garantizar una eficaz comprensión de este tema, destacamos las principales diferencias entre un contrato laboral y un contrato civil desarrollado por un trabajador independiente, teniendo en cuenta que los sujetos obligados bajo la primera variante deben incorporarse al Seguro Obligatorio y los que se rijan por la segunda modalidad podrán optar por el Seguro Facultativo.

Contrato laboral Trabajo independiente
− Existe subordinación a un empleador. − El prestador de servicios es autónomo.

− La remuneración es el salario. − Los honorarios son la contraprestación.

− El trabajador desempeña el cargo personalmente. − Puede subcontratarse a otros para la ejecución del servicio.

− El trabajador tiene derecho a prestaciones (vacaciones y décimo tercer mes). − Sólo se perciben los honorarios e indemnización por daños y perjuicios, si el caso lo amerita.

− La relación laboral se rige por el Código del Trabajo, ley de orden público. − La relación contractual se rige por el Código Civil, donde prima la autonomía de la voluntad.

CONCLUSIÓN. La solución a la aparente confusión de los fiscalizadores del INSS radica en la correcta aplicación e interpretación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Seguridad Social, y del artículo 1, literales a), b) y c) de su Reglamento, que diferencian notoriamente las dos calidades de cotizantes, una del empleado --o subordinado laboral-- en el régimen obligatorio, y la del trabajador independiente en el Seguro Facultativo. Armonizando estos conceptos es fácil determinar que no existe obligación de ninguna empresa o persona natural de aplicar las cotizaciones en aquellas situaciones donde se encuentre ausente la figura de la supeditación laboral.

REFLEXIÓN FINAL. Teniendo en cuenta el pensamiento siempre vigente de Simón Bolívar, resultaría provechoso que el actual Gobierno se apropie en toda su magnitud de la célebre frase del Libertador, quien expresó: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Es posible enarbolar los más destacados principios de una verdadera democracia, sin ampliar discrecionalmente la cobertura de la Seguridad Social por una sesgada motivación recaudatoria.

*Abogado y notario público.

Despacho Báez Cortés & Asociados.