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La Ley Dodd-Frank (Ley DF) introdujo importantes cambios para la industria financiera estadounidense y reorganizó las competencias de las distintas agencias y organismos encargados de la supervisión y regulación bancaria, aunque también se registraron cambios fundamentales para los mercados financieros.

Los cambios fundamentales en las competencias de la Reserva Federal son: (1) participar como miembro, con voz y voto, en el Consejo de Estabilidad Financiera creado por la Ley DF para identificar riesgos y entidades sistémicas y recomendar medidas regulatorias; (2) incorporar al organigrama, como instancia autónoma, a la nueva agencia creada para proteger al consumidor financiero de prácticas bancarias abusivas; y (3) regular y supervisar a todos los holdings consolidados, ya sean bancarios, financieros, de ahorro y préstamo y mutuales, y a los bancos con licencia estatal miembros del Sistema de la Reserva Federal.

Otras tres competencias para la Reserva Federal son: (1) regular y supervisar subsidiariamente los sistemas de liquidación y compensación sistémicos —el regulador primario es la Securities and Exchange Commission (SEC) o la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), dependiendo del instrumento negociado—; (2) añadir un nuevo vicepresidente, que será designado por el presidente de la nación y estará encargado de supervisar a las entidades financieras, debiendo comparecer bianualmente ante el Congreso; y (3) cambiar la elección de los presidentes de las Reservas Federales Estatales —12, en total—, los cuales ya no serán elegidos por representantes de la industria bancaria.

En cuarto lugar, la Ley DF rebajó la discrecionalidad de la Reserva Federal y del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para otorgar financiación extraordinaria a una entidad en problemas o para otorgar garantías en situación de crisis. Estas ayudas solo las podrá autorizar el Tesoro, en el marco de un programa general, y deberán ser auditadas posteriormente por la instancia correspondiente del Estado.

Algunos sectores interesados en mantener el “statu quo” se han opuesto a las reformas de la Ley DF y a las normas de regulación y supervision de Basilea III que sustituyó a Basilea II por haber resultado insuficiente en el marco de la crisis financiera. Para facilitar los ajustes bancarios Basilea III tiene un programa de implementación progresiva que abarca del 2013 al 2018.

Muchos analistas consideran suficiente la adecuación de capital de los bancos latinoamericanos, entre ellos Nicaragua, que en 2012 alcanzó 13% contra un requerimiento mínimo de 10%. A pesar de esto, algunos países como Bolivia, México, Perú y Uruguay, entre otros, avanzan hacia la implementación plena de Basilea III para lograr metas minimas en otros indicadores, como: colchones de capital, ratio máximo de apalancamiento (mayor al 3%) y mejores estándares para controlar el riesgo de liquidez (“coeficiente de cobertura de liquidez de las salidas netas de efectivo durante 30 días”, y “coeficiente de financiación neta estable disponible”). Inclusive, algunos de estos países ya están implementando el nuevo concepto de provisiones contracíclicas.

Por otra parte, si bien EE.UU. todavía no implementa Basilea III, la “enmienda Collins” a la Ley DF contempla requisitos mínimos de capital y apalancamiento a las entidades sistémicas, en línea con los requisitos de Basilea III, estableciendo que tales requisitos no podrán ser menores que los del resto de entidades ni inferiores a los que existían antes de la reforma financiera impulsada por la mencionada ley.

 

* Economista, MBA.