Karlos Navarro
  •   Managua, Nicaragua  |
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En la Constitución nicaragüense de 1987 y en las sucesivas reformas no había aparecido de forma explícita un artículo sobre la Administración Pública. Este fenómeno era un tanto extraño. Sin embargo, la explicación es muy sencilla: en Nicaragua ha existido desde siempre una muy difusa, y en muchos casos inexistente, separación entre Gobierno y Administración.

Esta situación es fruto y causa de la inestabilidad política y social que ha acusado el Estado nicaragüense a lo largo de su historia. Por lo que se refiere a lo primero, la rápida y traumática sucesión de regímenes políticos contradictorios ha dado al traste con toda posible tentativa de formar un aparato administrativo estable y neutral. Este fracaso en la construcción de un substrato burocrático no politizado ha sido, por otro lado, una pesada losa a la hora de buscar soluciones a la delicada coyuntura político-social de este país.

La utilización de los puestos públicos como una vía de recompensa para los acólitos en el poder, en la más pura tradición del spoil system, a la que ha dado lugar el clientelismo durante décadas, ha contribuido a radicalizar una vida política ya de por sí agitada en grado extremo, y ha dificultado notablemente que los cambios en el poder político discurriesen de forma serena y calmada.

Sabido es que una Administración Pública sólida y estable minimiza notablemente los problemas políticos, en cuanto otorga una protección mínima a los ciudadanos, aunque sea a nivel administrativo, y permite un funcionamiento continuado de los servicios públicos que, como cuestión eminentemente técnica, no se ve afectada, al menos en parte importante, por las disputas ideológicas y partidistas.

De ninguna de estas ventajas ha disfrutado, por desgracia, una Nicaragua que se ha visto envuelta en un trágico círculo vicioso, en el que los vaivenes políticos han destrozado todos los intentos por conseguir una mínima estabilidad social y económica. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo, a nivel de Derecho ordinario, a una esperanzadora introducción de un régimen administrativo avanzado, equiparable en sus aspectos esenciales al que rige en las naciones más desarrolladas del planeta.

Se han aprobado leyes de gran envergadura, como la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo (Ley n.º 350), la Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa (Ley n.º 370) y la Ley de Contrataciones del Sector Público (Ley n.º 737); aunque su instauración práctica ha encontrado grandes y múltiples dificultades (falta de capacitación del personal administrativo, ausencia de una doctrina y tradición administrativa, falta de medios materiales, excesiva politización de las instancias administrativas, etc.), lo que constituye un paso de gigante para la normalización política y social del país.

Para la completa configuración del sistema administrativo solo haría falta aprobar una nueva Ley de lo Contencioso Administrativo y Ley de Régimen Jurídico, Procedimiento Administrativo y Derechos de los Ciudadanos. Por tanto, la inclusión de la definición de Administración Pública en la Constitución, a propuesta de la Comisión Nacional Académica de Derecho, Conader, y de su presidente, César Largaespada, y quienes lo acompañamos, constitituye una aspiración ya materializada y un hito que marca historia.

La definición de Administración Pública incluida en la reforma constitucional estuvo influenciada por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, aprobada el 10 de octubre de 2013 (en donde participó Nicaragua de forma activa) por el CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), y su ponente fue el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien también participó en la redacción de la propuesta de Conader.

La Carta aboga por una buena Administración Pública que promueva la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. Pero además aparecen los derechos, entre los cuales se encuentran: derecho a la motivación de las actuaciones administrativas, derecho a la tutela administrativa efectiva, derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente; así como el derecho a presentar quejas, reclamaciones y recursos ante la Administración Pública.

Esta Carta ha influido en la redacción del proyecto de Ley de Régimen Jurídico, Procedimiento Administrativo y Derechos de los Ciudadanos, que se encuentra, por el momento, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y que será discutido y aprobado en la próxima legislatura, según palabras de la presidenta de la Comisión, doctora Irma Dávila.

De esta forma, la inclusión de la definición de Administración Pública en la Consititución, y la posterior aprobación de la Ley de Régimen Jurídico, será un gran avance en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que otorga una posición jurídica a la persona, un estatus de ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública.

 

* Doctor en Derecho Administrativo. Univ. Salamanca, España.