Douglas Salamanca
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Hasta ahora, sólo se han divulgado dos versiones muy opuestas sobre los controversiales  Consejos de Poder Ciudadano, que está impulsando contra viento y marea el gobierno. Las opiniones que se han vertido, tanto a favor como en contra de los mismos, son erradas o falsas, y sorprende que hasta ahora nadie lo haya señalado. Veamos el por qué de esta aseveración.

De acuerdo a la versión oficial del gobierno, los CPC tendrán carácter pluralista, y servirán ante todo para que el pueblo pueda opinar y presentar sus demandas al gobierno. De esta manera la democracia se ejercería de manera directa, y no a través de sus representantes electos. Esto permitiría que el gobierno, incluyendo los diversos ministerios, alcaldías y entes autónomos, respondan de manera más efectiva a las necesidades de la población.

Este planteamiento se ve desmentido por lo siguiente. Lo que se está proponiendo no es nuevo. En muchos municipios del país hay alcaldes sandinistas que están en sus cargos desde el 2004. Sin embargo, ellos no han mostrado nunca esa avidez por conocer las inquietudes del pueblo a la que se hace referencia, ni mucho menos por darle una respuesta satisfactoria.  

Tampoco los ministros, ni los funcionarios menores, se muestran nunca receptivos a las  sugerencias que les hace la población. Puedo dar fe de esto en base a mi propia experiencia, totalmente negativa, al realizar gestiones (frustradas, por cierto) ante esos dos niveles de poder.

Por otro lado, hay otra inconsistencia y contradicción. Si el gobierno está tan ansioso de conocer la opinión del pueblo, ¿por qué entonces se aferra al secretismo, impidiendo que la población pueda contar con la información necesaria para opinar sobre la gestión gubernamental? ¿Y por qué quiere empezar de cero, ignorando la existencia de un complejo entramado de organizaciones ya existentes de la sociedad civil? ¿Por qué crear, por ejemplo, un programa nuevo de micro-crédito (a través del plan “Usura cero”) si ya hay instituciones dedicadas a eso? Sería más fácil canalizar los recursos a través de esas entidades ya establecidas, pero conveniando con ellas condiciones más favorables para los beneficiarios de los préstamos, que serían establecidas por el gobierno.

Finalmente, me pregunto: ¿Por qué, si tanto le interesa al gobierno conocer la opinión de “la base”, que tiende a ser eminentemente empírica, este presta en cambio  oídos sordos a la opinión de los expertos en diversos campos, que se han ofrecido para asesorar al gobierno en las más diversas disciplinas? Resulta incongruente que quieran auscultar las opiniones de todos, excepto las de los especialistas, que son los que podrían acaso dar las sugerencias más aprovechables o más autorizadas, sobre los diversos temas relacionados con el desarrollo y el bienestar de la población.  

Por todas las razones citadas, los argumentos del gobierno en defensa de los CPC resultan bastante endebles y poco creíbles. En realidad, los CPC sí son, entre otras cosas, un instrumento para fomentar el clientelismo de tipo partidario.

Si pasamos ahora a examinar las opiniones de la oposición, vertidas en contra de los CPC, encontramos también argumentos no muy convincentes. Se dice, en primer lugar, que los CPC se convertirán ineludiblemente en un instrumento político a favor del sandinismo. Sin embargo, esa afirmación es muy precipitada. No se basa en la experiencia, ni tampoco en ningún estudio de carácter sociológico. Se identifica a los CPC sumariamente con los antiguos y tristemente recordados Comités de Defensa Sandinista, sin tomar en cuenta que las condiciones del país son radicalmente diferentes. En la actualidad, por ejemplo, no estamos en guerra, y ha disminuido –gracias a Dios—el nivel de confrontación y de polarización.  De hecho, he asistido a las sesiones de algunos CPC y he constatado que, por la misma dinámica que adquieren las reivindicaciones sociales comunitarias, se tiende en ellos a incluir a todos aquellos que muestren interés y capacidad en llevar a buen término las tareas asignadas. Es decir, que no existen discriminaciones de tipo partidario. Esto es así porque la población quiere soluciones a sus problemas, antes que participar en estériles ejercicios de demagogia. Y también porque la dinámica de todo partido (incluyendo al Frentismo) tiende a la captación de nuevos acólitos, a través del proselitismo, y no a su rechazo sumario en aras de imponer algún tipo de dogma o de garantizar  privilegios para su militancia.  Dicho de otro modo, los CPCs son estructuras realmente viables, e incluso necesarias, para canalizar cierto tipo de iniciativas de carácter local o comunitario que hasta ahora se han visto frustradas o están siendo desatendidas. Esto es así porque, aunque la Ley de Participación Ciudadana contempla muchos espacios y mecanismos para el involucramiento de la población en la solución de sus problemas, la gente tiende a mostrarse apática debido a: 1) la indiferencia de las autoridades, que nunca responden. 2) la falta de incentivos a los dirigentes para actuar, en beneficio de la comunidad. 3) la ausencia de líderes con carisma y poder de convocatoria, que aglutinen a su alrededor a las masas y las encaminen hacia sus objetivos comunes ; y 4) la falta de recursos para cubrir los aspectos logísticos de sus actividades, que exigen necesariamente algún tipo de erogación, que nadie está en capacidad o disposición de sufragar. Todos estos cuatro puntos, que son determinantes, quedarían resueltos mediante la implantación de los CPC, que recibirían no sólo el respaldo moral del gobierno, sino también apoyo logístico,  más algunos recursos materiales, lo cual  llevaría a los grupos de pobladores organizados en los territorios a niveles  de empoderamiento sin precedentes. Ahora bien, la organización de los CPC en base a gremios, profesiones u oficios también lograría cohesionar, potenciar  y dinamizar los esfuerzos de los profesionales y técnicos, en beneficio del país, contribuyendo tal vez de paso a la generación de empleo. Ahora bien, el doctor Tünnermann tiene razón: con el advenimiento de los CPC, la estructura y funcionamiento del gobierno quedan confusos. Queda por determinar, sin embargo, si es preferible a eso la “claridad con exclusión y con discriminación” practicada por los anteriores gobiernos, de carácter neoliberal..

Hay algo más: si los CPC se convirtieran, como algunos temen, en una fuente  para garantizar beneficios a unos cuantos paniaguados e incondicionales, esto sería contraproducente para el Frente Sandinista. Tomando en cuenta que la población votó mayoritariamente en contra de ellos, no les conviene crear más resentimiento o animadversión en su contra, de parte de aquellos que resultaran marginados, y que por eso mismo no los apoyarían en una futura elección municipal o presidencial. Dicho de otra forma, el Frente necesita ser “popular”, es decir, congraciarse, en la mayor medida posible, con el grueso de la población. Esa es una lógica a la que deberían, en principio, atenerse.

Es comprensible que los peores enemigos de los CPCs sean precisamente los partidos de oposición, que ven en ellos una amenaza a la preservación de su influencia entre su base de votantes (constituency) . Es evidente que el FSLN, por razón de su origen y naturaleza, tiene mucho más arraigo popular que todos los otros partidos juntos. Es por eso que el PLC, la ALN y en alguna medida también el MRS, que son básicamente partidos “de membrete”, con poco arraigo entre la población, vean en los CPS una temible estructura que, al vincular estrechamente a la población con el gobierno, los despoje a ellos de una buena parte de sus --no muy fervientes—simpatizantes.

Lo grave es que, aunque los representantes de esos partidos “se deshacen” en impugnaciones a los CPC, ellos, por su parte, no ofrecen ninguna alternativa, más que el viejo y trillado sistema de exclusión que ha imperado hasta ahora, que como todos sabemos no ha resuelto nada, salvo defender los intereses de las minorías más privilegiadas.

Debo confesar que, en este asunto de los CPC, no soy un espectador neutral. En mi condición de economista, interesado desde hace mucho en el tema del desarrollo económico local, regional y municipal, tengo una parcialidad a favor de que se constituyan. Ellos podrían ser, a mi juicio, un agente social y económico importante para impulsar las economías locales, un tema que en Nicaragua ha sido hasta ahora relegado pero que resulta muy prometedor y al respecto del cual hay una rica y abundante bibliografía, y para cuya promoción  hay condiciones especialmente propicias en nuestro país.  

El hecho de que se haya colocado al frente de los CPC a la señora Rosario Murillo confirma la trascendencia que se atribuye a los mismos. Es de esperar, por lo tanto, que los planteamientos de esos organismos sean escuchados y que su potencial, que es realmente inmenso, sea aprovechado en beneficio del pueblo. Ellos son una opción, que se puede aprobar  o condenar, pero que ofrece en perspectiva algo que ningún otro partido está en capacidad de brindar o quizás ni siquiera de concebir. Pero, para que ellos funcionen, habrá de descartar la práctica de considerar enemigos a los que se atreven a formular una crítica. Ahora bien, colocados bajo la égida del Conpes, los CPC se vuelven prácticamente invulnerables a las impugnaciones por falta de legalidad.

Ojalá que este aporte a la evaluación de los CPC contribuya a enriquecer en algo el debate que existe actualmente alrededor de esas entidades a nivel nacional.