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La paz es un objetivo perteneciente a la izquierda revolucionaria. Dialécticamente la negación de la guerra. La extinta URSS, que surgió con Lenin y los bolcheviques de la primera guerra mundial (¿o europea?), tuvo como eje gravitacional en su política interna y exterior la búsqueda de la paz, la coexistencia pacífica y la solidaridad entre los pueblos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, continúa con estos preceptos políticos e ideológicos.

En Nicaragua existe una cultura de violencia e intolerancia producto de una historia de guerras fratricidas. Liberales y conservadores, incluyendo a la dictadura somocista, arrastraron al país a una vorágine de sangre y muerte. Con el triunfo de la Revolución, el FSLN enarbola como bandera la lucha y búsqueda de la paz.

Durante los años más duros de la guerra imperialista y mercenaria, llevada a cabo por los halcones de la Casa Blanca contra la Revolución Popular Sandinista, el Gobierno de Reconstrucción Nacional, de forma madura, sensata y serena, utilizó los canales legales internacionales para frenar la carnicería contra el pueblo nicaragüense. Paralelamente se trabaja internamente en la búsqueda del cese de la guerra y, por ende, la paz.

Fue así como aquel junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia dictaminó la ilegal e inmoral guerra de agresión llevada a cabo por un Estado terrorista llamado Estados Unidos, a quien demandó indemnización por 17 mil millones de dólares.

La búsqueda de la solución de los conflictos con Honduras, Costa Rica, y ahora Colombia, siempre ha estado enmarcada dentro del contexto del Derecho Internacional. El Gobierno del FSLN fortalece el orden jurídico internacional. Lo anterior constituye un ejemplo que un país pobre, atrasado y subdesarrollado le presenta al mundo.

Países que se precian de tener una trayectoria democrática, con instituciones fuertes y sociedades altamente educadas y “civilizadas”, rechazan el Derecho Internacional cuando este no está a favor de sus intereses económicos y geopolíticos. Mandatarios muy “democráticos” como el colombiano Santos, sin ningún rubor, con una desfachatez que raya en el cinismo, en una fragata de guerra, sentencia que Colombia desconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia, dictado en noviembre del 2012.

Es inconcebible que en el siglo XXI existan presidentes que violenten el orden jurídico internacional, presentándose ante su clientela política como hombres fuertes, de carácter incólume, que defienden los intereses patrios. En aras de ostentar el poder, Santos ha puesto a Colombia en el concierto de las naciones como un Estado delincuente que no acepta la legalidad jurídica internacional.

Teniendo como política de Estado el respeto y la profundización del orden jurídico internacional, el Gobierno del FSLN no ha caído en estas provocaciones. Tanto el presidente Ortega como el jefe del Ejército mantienen serenidad, calma y firmeza para defender lo que en derecho nos pertenece. No obstante, falta mucho que recorrer para fortalecer la paz.

Trabajar en función del reencuentro entre nosotros, el respeto a las ideas y concepciones ideológicas diferentes, desterrar los antivalores de exclusión, prepotencia y menosprecio de las capacidades, debe ser una tarea que involucre a todas las instituciones y organizaciones existentes en la sociedad.

El Gobierno del FSLN ofrece la oportunidad para profundizar la paz. Trabajar sin descanso contra la subcultura de la violencia es una tarea de todos los días. Nunca debemos olvidar que la búsqueda de la paz ha costado la vida de miles de patriotas que entregaron sus vidas en aras de este preciado tesoro.

 

* Docente, UPF San Carlos.

carlosmcorea@yahoo.es