Jorge Eduardo Arellano
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Recientemente todo el pueblo de Nicaragua fue testigo a través de los medios de comunicación televisivos, cómo el Gobierno encabezado por Daniel Ortega hizo gala del aparataje represor del Estado, usando al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, contra las asociaciones sin fines de lucro: Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Dichas asociaciones fueron denunciadas ante el Ministerio Público por funcionarios del Gobernación de practicar “actos ilícitos”, afirmando que han recibido millones de dólares sin reportar dichos fondos al Departamento de Registro y Control, arguyendo que los recursos están siendo triangulados a otros organismos ilegales.

Sin tener un delito concreto que perseguir, fiscales del Ministerio Público, de oficio solicitan a un juez penal decrete contra los organismos denunciados orden de allanamiento, registro e incautación de documentos. El juez a la velocidad de un rayo accede a lo solicitado; inmediatamente los fiscales y la Policía Nacional montaron un cerco policial en las sedes de Cinco y MAM, que tuvo ribetes a los operativos que realiza la Policía mexicana contra el crimen organizado en Sinaloa, México.

En el operativo fue palpable la sustitución de atribuciones, pues se observó que los fiscales del Ministerio Público, eran los que daban órdenes a la Policía Nacional, violándose con ello el arto. 228 del Código Procesal Penal, que textualmente dispone: “Investigación: La policía nacional realizará las actividades de investigación necesarias para el descubrimiento y comprobación de hechos presuntamente delictivos. El resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público”.

La situación acaecida conduce a las interrogantes siguientes: ¿cuál es el interés desmedido e inusitado de los fiscales del Ministerio Público en este caso? ¿Por qué los fiscales directamente daban ordenes a la Policía Nacional, si cada institución de acuerdo a la ley tienen un rol independiente, a la Policía le corresponde investigar, a la Fiscalía acusar? Este caso dejó en evidencia lo que tanto se temía: ¿está el Ministerio Público perdiendo su autonomía orgánica y funcional? ¿Esta institución se encuentra ahora bajo los mismos vicios de control y dependencia que tiene el Poder Judicial, la Contraloría, el Consejo Supremo Electoral? Al señor Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, se le indagó sobre estas anomalías. Dicho funcionario no fue capaz de aclarar las dudas, no pudo dar una respuesta contundente; por ende, quedó en el ambiente que el Ministerio Publico es un instrumento más del gobierno de turno.

La denuncia de los funcionarios del Mingob contra Cinco y MAM, es por supuestas actividades ilícitas. Probablemente lo denunciado se funda en la ley No. 147, Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro, el inciso a) arto. 24, que establece: “La personalidad jurídica de las asociaciones, fundaciones, federaciones, y confederaciones, sujetas a esta ley, podrán ser canceladas o disueltas únicamente por la Asamblea Nacional mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación en los siguientes casos: a) Cuando fueren utilizadas para la comisión de actos ilícitos”.

No obstante, antes de llegar al extremo de cancelar una personería, el Ministerio de Gobernación debe ajustarse a los procedimientos de ley, estatuidos en la ley, por ejemplo el Departamento de Registro y Control, en casos de violación a las disposiciones de la ley, primero aplica multas de un mil a cinco mil córdobas (inciso a) arto. 22); en caso de reincidencia puede decretar administrativamente la intervención de la Asociación por un plazo estrictamente necesario, por violación al arto. 13 de la ley. El arto. 23 de la ley, consigna el derecho de apelar de la resolución de este tipo ante el Ministerio de Gobernación, en el caso que se confirme lo resuelto, a la parte le queda el recurso de amparo ante el Poder Judicial.

Todo procedimiento de ley fue alterado por los funcionarios del Mingob, quienes actuaron violando los derechos legales establecidos a favor de las asociaciones sin fines de lucro. En este caso es obvio que los funcionarios del Mingob, cumpliendo órdenes del Poder Ejecutivo, se saltaron las trancas, pues de un solo plumazo, sin tener prueba fehaciente alguna, denuncian ante el Ministerio Público a las asociaciones Cinco y MAM, por “actos ilícitos” sin indicar ni especificar cuáles son esos actos “ilícitos”.

En un primer momento el director del Departamento de Registro y Control del Mingob, ante los medios de comunicación social expresó claramente que las asociaciones denunciadas estaban incurriendo en lavado de dinero; luego quiso retractarse, empero en la opinión pública quedó claro que la persecución es por ese ilícito. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía y de la Policía Nacional, el pasado viernes y sábado despejó toda duda y quedó confirmado que a las asociaciones son objeto de investigación por el ilícito de lavado de dinero.

El representante de Cinco, Carlos Fernando Chamorro, enfáticamente ha negado la denuncia, expresando que todo es una persecución política por tener una actitud crítica contra el gobierno de turno, mientras que la representante del MAM, Azalia Avilés, asegura que la persecución contra su organismo es por demandar la abolición de la despenalización del aborto terapéutico, por señalar que el gobierno de Daniel Ortega viola los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Se tiene conocimiento que el organismo que financia a la Cinco es una ONG de carácter internacional de Gran Bretaña, Inglaterra, llamado OXFOR. Tengo entendido que dicho organismo, apoya en Nicaragua a diferentes ONG. Para ese fin utiliza el procedimiento siguiente: a) La ONG nacional presenta a OXFOR, determinado proyecto de capacitación por determinada cantidad de dinero en dólares; b) Se aprueba el proyecto por parte OXFOR y luego se firma un documento en el que consta un cronograma de ejecución del proyecto; c) OXFOR, en la medida que avanza la ejecución del proyecto, gradualmente va haciendo los desembolsos, depositando el dinero en una cuenta bancaria que está a nombre de la ONG nacional; d) Finalizado el proyecto, la ONG nacional rinde cuenta del dinero gastado con sus respectivas facturas legales, aun realizando una auditoria, ya que OXFOR tiene que rendir cuentas del dinero ante los organismos de su país.

Compenetrado del procedimiento, es un absurdo que se venga a denunciar de lavado de dinero a Cinco y MAM, puesto que acusar de ese ilícito, consecuentemente la denuncia está diciendo que el organismo internacional OXFOR está lavando dinero en este país. Hay que señalar que los directivos de Cinco han dicho públicamente que ellos como Asociación, año con año han informado al Departamento de Registro y Control sobre todas sus actividades financieras, donaciones recibidas, ingresos y egresos, por lo tanto, no queda más que concluir, que la actuación del Gobierno de Daniel Ortega contra las ONG, Cinco y MAM, es una acción de carácter político, intimidatorio, persecutorio y represivo. Con esa conducta quien se desprestigia una vez más es el actual mandatario, mientras que la oposición política se une y se cohesiona día a día, ante la arbitrariedad y los desaciertos en que constantemente incurren los funcionarios de este desgobierno.

* El autor es abogado y notario público.