Jorge Eduardo Arellano
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Las recientes declaraciones del Presidente de la República calificando como “innecesaria” la observación electoral, no sólo es una invasión del Ejecutivo en las atribuciones propias del Consejo Supremo Electoral, sino que explican la actitud asumida hasta ahora por dicho Consejo de demorar la acreditación de los dos organismos de observación electoral nacional que gozan de mayor prestigio y credibilidad en el país: Ética y Transparencia e IPADE.

Los criterios emitidos por el Presidente Ortega acerca de la observación electoral no solo son desafortunados sino que revelan un desconocimiento de la verdadera naturaleza de la observación electoral. Además, pareciera que los asesores electorales del Presidente ni siquiera conocen bien la Ley Electoral, pues si la observación electoral fuera “innecesaria”, no se explicaría por qué ella está contemplada como parte integral de los procesos electorales, en el inciso 8 del artículo 10 de la Ley Electoral vigente que establece, entre las atribuciones del CSE, la de “reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”.

Como puede verse, la Ley Electoral sólo faculta al CSE a reglamentar la observación, pero no a impedirla, negando sus credenciales a organismos que, por más de una década, la han venido realizando con mucho profesionalismo e imparcialidad, y con el beneplácito de la ciudadanía.

Según el Presidente Ortega, para garantizar el respeto al voto ciudadano bastan los fiscales de los partidos, olvidando que la función propia de los fiscales es defender el voto de sus correligionarios. En cambio, la misión de los observadores electorales es observar la legalidad y transparencia de todo el proceso y defender el voto de todos los ciudadanos nicaragüenses, sin distinción de partidos políticos. El fiscal actúa como miembro de un partido; el observador nacional lo hace como ciudadano. Si este es el rol de los organismos de observación electoral, ellos representan una contribución muy importante para garantizar la legalidad y transparencia de los procesos. En consecuencia, suprimir la observación o limitarla arbitrariamente a unos cuantos organismos de dudosa objetividad representa, de parte del CSE, una violación a su compromiso constitucional de dictar “las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía” (Artículo 172 inciso 6 de la Constitución Política), así como de los artículos 27 y 48 de la misma Constitución, que establecen la igualdad de todas las personas ante la ley. Además, es introducir un elemento de desconfianza en el proceso.

La razón que esgrimen algunos magistrados para negar la acreditación de Ética y Transparencia e IPADE, acerca de la participación de los representantes de estos organismos en las marchas cívicas de la ciudadanía, no es más que una excusa carente de validez, ya que estos organismos han sido muy cuidadosos en sus actuaciones públicas, a fin de evitar que se les atribuya inclinación partidaria alguna. Ellos, mejor que nadie, saben que la fuerza moral de sus pronunciamientos en torno a los procesos electorales depende, precisamente, de esa ausencia de vinculación partidaria. El CSE, en todo caso, tendría que demostrar su acusación.

La observación nacional ha adquirido carta de ciudadanía y hoy día se la considera como una demostración de mayor madurez cívica en un país. ¿Por qué sólo a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales extranjeras se les va a reconocer la capacidad de realizar una observación objetiva e imparcial del proceso electoral? ¿Por qué no puede un grupo de ciudadanos del mismo país, superando sus opciones políticas, organizar un movimiento que acompañe el proceso electoral, apoyando los esfuerzos para que tal proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia posible, de suerte que sus resultados sean inobjetables y aceptados por todos? ¿No es del mayor interés para la nación que el fruto de la consulta electoral refleje realmente la voluntad política del pueblo, de tal manera que nadie discuta la legitimidad de los electos?
Ojalá que el CSE rectifique la actitud que hasta ahora ha asumido en relación con la observación nacional de los próximos comicios municipales y proceda, cuanto antes, a acreditar a Ética y Transparencia e IPADE. No hay razón válida para no hacerlo, a menos que el CSE se subordine a los dictados del Poder Ejecutivo.