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Lo que ha comenzado como una exposición jurídica sobre la pena del día multa por parte del doctor Aráuz ha evolucionado a un debate político sobre el principio de igualdad, no sólo constitucional.

Está en el fondo de esta discrepancia no un debate legal o jurídico, sino una contradicción ideológica sobre el rol que tiene el Derecho en la vida social. Cualquier principio de igualdad, sancionado por el Derecho al margen de la historia, es una ficción jurídica. La base del desarrollo del Derecho es la evolución de la humanidad hacia la libertad, como producto de las luchas sociales. En la realidad, la aplicación del derecho no sigue criterios objetivos, sino ideológicos, de acuerdo con la ideología del grupo al cual pertenece el jurista. Porque, como dice el sociólogo Émile Durkheim, la vida jurídica sigue a la vida social.

Para empezar por algo tangencial, el profesor Manuel Aráuz Ulloa, en un artículo de opinión, en EL NUEVO DIARIO, del 8 de octubre 2008, titulado “Nuevamente sobre el principio de igualdad y el día multa” escribe que es apropiado hablar del costo del día multa, ya que – a su criterio - es acertado hablar de costo cuando se trata de una cantidad que se debe pagar como una obligación derivada de la infracción de una ley. Y curándose en salud, precisa que la palabra costo la ha usado en sentido traslaticio, o sea, de paralelismo con su significado gramatical.

Conviene precisar que el día multa es una pena y, como tal, un castigo. El costo de alguna cosa es la cantidad de dinero que se paga por ella. Las penas, por su naturaleza coactiva, se cumplen, no se adquieren por medio de pago. Es decir, una multa no se recibe a cambio de una suma de dinero, sino, por una condena, a causa de una infracción a la ley. De manera que no se paga una cantidad de dinero para recibir una multa, sino que el propio pago de la multa es el castigo. Es decir, al pagar la multa se cumple la pena, no se adquiere.

Por otro lado, un traslaticio no es un significado gramatical distinto al que normalmente tiene una expresión, sino, un uso distinto de su contenido semántico normal. Se utiliza el traslaticio para adecuar el lenguaje a nuevas necesidades de expresión. Por ejemplo, hay un traslaticio de la palabra navegar, cuando se usa en la expresión: navegar en Internet. O en la palabra hoja, cuando se dice “hoja de cálculo” en Excel.

Pero, la palabra costo, usada como monto a pagar en una multa, no es un traslaticio, sino una forma inadecuada de expresarse. A menos que en el terreno jurídico se hable poéticamente, por medio de metáforas, o que la palabra costo constituya un ornamento retórico. En cuyo caso los escritos jurídicos del doctor Aráuz gozarían de licencia poética.

Pero, éste no es un debate de lingüística, sino un intento de comprender cabalmente el espíritu y el significado de la ley, en el contexto de la realidad social.

El doctor Aráuz argumenta en su artículo que puede decir con absoluta certeza de que las únicas penas pecuniarias existentes en el nuevo Código Penal son la multa proporcional (que se aplica en delitos de defraudación aduanera, tributaria o de contrabando, y en la que se condena al pago de un porcentaje de lo defraudado) y el día multa (cuya cantidad de días de salario a pagar se corresponde a la gravedad del hecho). La multa tasada, asegura el doctor Aráuz, fue excluida de propósito. Supuestamente, porque esta multa tasada atenta contra el principio de igualdad constitucional.

En la realidad, la multa tasada no es objeto de discusión. La pena que actualmente se cuestiona a lo ancho del mundo, incluida Nicaragua, es la privación de libertad como pena preferencial en delitos graves y menos graves. Y su cuestionamiento nada tiene que ver, tampoco, con algún principio de igualdad constitucional, sino con la duda creciente de que esta pena sirva para la reeducación del condenado. Aquí radica el error sustancial del doctor Aráuz. Para el Derecho Penal, la reeducación del condenado es la finalidad práctica de todas las penas (como lo establece el artículo 46 del nuevo Código Penal de Nicaragua), y no la aflicción o el castigo como un fin en sí mismo. De manera que no se puede buscar la igualdad en la sanción, por un fin abstracto, derivado de un principio constitucional concebido erróneamente al margen de un objetivo social práctico. El Derecho no es más que una forma de darle respuesta a problemas humanos, desde la óptica del orden social concreto que le sirve de sustento, de ahí se deriva su carácter de ciencia social.

De hecho, en el nuevo Código Penal, la pena del día multa ha venido a sustituir, más bien, a la pena de privación de libertad, en múltiples faltas medianas. Con ella, se pretende reducir la calidad de vida del condenado, pero, sin sustraerlo de la actividad económica productiva que éste puede continuar ejerciendo en beneficio de la sociedad y de su familia. Así lo expresa de forma directa el propio Código Penal de Nicaragua (p. 28, Editorial Jurídica, 1ra edición, 2008).

Por otro lado, la multa tasada o multa líquida determinada no está excluida del nuevo Código Penal. El artículo 65, párrafo tres, literalmente dice: “Cuando la pena de multa se exprese en cantidades líquidas determinadas o determinables, en este código o leyes especiales… etc.”.

Además, la multa proporcional (que el doctor Aráuz reconoce que aún subsiste en el nuevo Código Penal) contradice el mismo principio de igualdad Constitucional, por el cual, según el doctor Aráuz, se habría puesto fin a la multa tasada. En efecto, el monto a pagar con la multa proporcional se determina en proporción a lo defraudado, no a los ingresos de los defraudadores. En consecuencia, por el mismo delito y monto de defraudación, la multa proporcional (en función del monto defraudado) genera una cantidad a pagar igual para un delincuente miserable (sin un ingreso apreciable), que para un delincuente potentado, con ingresos mil veces superiores.

Así, esta multa proporcional sería, para el doctor Aráuz, inconstitucional. A menos que el principio de igualdad constitucional, invocado por el doctor Aráuz, sea también un traslaticio….

Con el argumento de fondo del doctor Aráuz, no se hablaría, siquiera, de igualdad en la aplicación de la ley, sino de igualdad en la aplicación de la pena en consideración de desigualdades económicas. Lo cual es absurdo en el Derecho Penal.

Si por acatar un principio irracional de igualdad jurídica en abstracto, el Derecho Penal buscara como nivelar la sanción entre seres humanos distintos, en lugar de responder adecuadamente a la necesidad social de reeducar al condenado, el Derecho Penal devendría una simple rama ideológica de la tortura.

En su magnífico libro, “Introducción al estudio del Derecho”, el doctor Ernesto Castillo afirma que una igualdad de maltrato no satisface las esperanzas humanas, y no es parte de los valores supremos que dan lugar a las normas o ideales que deben inspirar al Derecho.

Por ello, la igualdad que en esencia expresa el Derecho burgués, no es la igualdad jurídica, sino la que justifica, ideológicamente, el orden social burgués. Es la que expresara Bolívar en el discurso de Angostura: “Dignaos, legisladores, a conceder un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la Igualdad y la Libertad”. Es la misma que expresara Robespierre cuando se derriba a la monarquía: “El rey es culpable por ser rey. Si para condenarle se le somete a juicio, se enjuiciaría a esta revolución que se inspira en la igualdad y en la libertad”.

Precisamente, la igualdad que sustenta ideológicamente al Derecho burgués, como producto sociocultural de la humanidad, no es la igualdad jurídica, sino la que expresa un anhelo humano prematuro de abolir las clases sociales y la explotación del hombre por el hombre, aunque las condiciones materiales de producción, con base a la propiedad privada sobre los medios de producción, permita aún un orden social transitorio que, en los hechos, lleva a una desigualdad mayor a escala planetaria en la distribución de la riqueza.


*Ingeniero Eléctrico