Jorge Eduardo Arellano
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Ese debe ser el discurso y la práctica permanente de todos y todas, en todos los tiempos de quienes tienen responsabilidades en el gobierno, en la asamblea nacional, en los sindicatos, en las asociaciones sin fines de lucro, en las redes, en los partidos políticos, padres y madres de familia, estudiantes, el magisterio, de la sociedad en su conjunto.

Si queremos que haya revolución educativa como propone el Ministro de Educación y necesita el país, si queremos que haya más producción y productividad, si queremos dejar de ser el país con altos niveles de pobreza y desigualdades; si queremos que se fortalezca una democracia participativa e incluso directa, sin privilegios para unos y exclusiones para otros; si queremos de verdad realizar los cambios profundos en diferentes ámbitos, que necesita el país para su desarrollo integral, sostenible, es imprescindible también que haya más inversión en educación y una inversión cada vez más efectiva y más eficiente. Y para ello desarrollar, con la más amplia participación y en consenso, las transformaciones educativas que nos lleven a contar con políticas de estado y que no se estén cambiando con cada gobierno e incluso con cada ministro.

Las diversas redes, organismos y personas comprometidas con la educación, en 2006 elaboramos una Agenda Educativa la que asumieron “todos” los partidos políticos participantes en la contienda electoral de esa época. Ahí están las firmas de los representantes del FSLN, PLC, ALN, MRS y AC. El actual ministro de Educación, Miguel de Castilla, en su calidad de coordinador del Foro de Educación y Desarrollo Humano fue uno de los promotores de esa agenda y de esos compromisos. Igualmente la Coordinadora de la Niñez, el Movimiento Pedagógico Nacional, el CEAAL/IPADE, la Coordinadora Civil entre otros, hemos estado presente en estos procesos.

Y ahora tenemos la obligación de concretar esa agenda que implica que haya educación de calidad para todos y todas. Se llama coherencia entre el discurso y la práctica.

Los funcionarios, sean presidentes, ministros o diputados/as, que son pagados con los impuestos que aportamos los ciudadanos y ciudadanas, tienen la principal obligación para la mejora de la educación, para el incremento del presupuesto a educación, que está escrito en la agenda educativa, debe ser al menos el 7% del PIB.

Los funcionarios deben recordar que se deben a la Constitución y a las leyes de la República y que la primera establece, entre otros, que “existe igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos y en el ejercicio de los mismos…” (Arto. 48); que “todos los ciudadanos tenemos derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal” (art. 50), que “todos los ciudadanos tenemos derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del estado o cualquier autoridad y de obtener una pronta resolución o repuesta…” (Art. 52).

Y que “los funcionarios de los cuatro poderes del estado elegidos directa o indirectamente responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos….”.

Ante las propuestas que hemos hecho algunos organismos de sociedad civil comprometidos con la educación y que el mismo presidente de la república demandó recientemente, no se puede responder con descalificativos como lo hizo el Ministro de educación, ni pretender negar nuestro derecho (somos iguales ante la ley) como lo pretende el Secretario General de ANDEN. Lo que les corresponde es contestar con argumentos, con cifras, con propuestas, con acciones concretas para que se incremente anualmente el presupuesto para educación “hasta alcanzar al menos un 7% del PIB” y se incremente el salario del magisterio al menos hasta alcanzar la “media salarial del magisterio a nivel centroamericano”. Reconocemos que hay algunos esfuerzos y mejoras en la educación. Pero igual todos sabemos que son a la fecha insuficientes.

Y consideramos que recursos hay, sino para resolverlo todo en este año, pero sí para ir avanzando con mayor decisión y en forma planificada en el menor corto plazo.

Actualmente, según análisis de Adolfo Acevedo amparado en cifras oficiales del gobierno, hay una sobre recaudación de impuestos que a fines de 2008 acumulará al menos 800 millones de córdobas; igualmente hay recursos de la reestructuración de la deuda interna generada por las quiebras bancarias/CENIs (que fue una propuesta también de la Coordinadora Civil desde hace algunos años), así mismo pensamos que se pueden derivar recursos de la condonación de la deuda externa/HIPC y de las misma reservas internacionales que según cifras oficiales han alcanzado niveles “históricos”.

Incluso si vamos al mismo Presupuesto General de la República, encontraremos que se entregan, muchas veces sin ningún control recursos importantes a algunos organismos de sociedad civil y a los mismos diputados (algunos los utilizan muy bien como los Pipitos y los Bomberos y algunos diputados que rinden cuentas) que pudieran utilizarse.

Y si profundizamos en nuestro análisis y propuestas podremos encontrar más recursos a partir de una reforma tributaria que ya debiera estar aprobada e impulsándose, para que los que tienen más, paguen progresivamente más. E incluso realizando reformas en el estado para que hayan menos diputados (50 debiera ser suficiente), menos magistrados en la Coste Suprema de Justicia (8 máximo) y reformas también en el Consejo Supremo Electoral y en la Contraloría General de la República para reducir el número de magistrados y contralores. Y reducir sus megasalarios y beneficios.

La mejora sensible de la educación no puede esperar y esto pasa por profundizar sus reformas y consensuarlas con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales e incrementar en forma sustantiva, anualmente, el presupuesto de educación, hasta alcanzar el 7% del PIB. Ésta es una tarea a la cual debemos abocarnos, autoridades, sindicatos, redes y asociaciones sin fines de lucro, los padres y madres de familia, los estudiantes y el magisterio en su conjunto. Y como sabemos también hay otras necesidades (fomento a la producción, salud, viviendas, energía eléctrica, agua potable, etc.), debemos entonces realizar diálogo, entendimiento nacional para definir en consenso las prioridades y construir la Nicaragua que queremos.


*Enlace Nacional – Coordinadora Civil