Jorge Eduardo Arellano
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Hay que reconocer que a diferencia de lo ocurrido a finales de junio, cuando el presidente Ortega reaccionó con un ataque virulento ante un comunicado de la comunidad donante, esta vez está prevaleciendo el lenguaje diplomático. En esa ocasión, cuando la comunidad donante expresó su preocupación por la cancelación de la personería jurídica del MRS y el PC, el presidente Ortega calificó a los gobiernos europeos como “moscas que pululan sobre la inmundicia”, y de manera temeraria, descalificó la ayuda externa que tanto necesita Nicaragua como meras “migajas”.

El eco de esas palabras todavía resuena en las capitales europeas. Y en estos tiempos de crisis económica internacional, hasta algunos funcionarios sensatos de este gobierno admiten en privado que el discurso presidencial, y los incidentes que se han desatado desde entonces, están causando un daño que tiende a ser irreparable en las relaciones con la comunidad donante.

La diferencia ahora, ante este nuevo llamado de atención de los 27 gobiernos que integran la Unión Europea, expresando su preocupación sobre el acoso a las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, es que el canciller Samuel Santos no profirió insultos ni amenazó con declarar non gratos a los embajadores, pero reaccionó con demasiada ligereza ante un asunto de suma gravedad.

Es comprensible que ante la opinión pública el Canciller haga un esfuerzo por intentar minimizar la gravedad de esta crisis, a fin de cuentas ése es su trabajo como vocero del gobierno. El canciller incluso desengavetó el viernes un convenio con la Unión Europea que fue suscrito desde el año pasado, y procedió a firmarlo para dar la apariencia de una total normalidad. Pero resulta insólito que en la presentación que realizó ante todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, haya exhibido esa frivolidad rayana en el cinismo que tanto daño le hace a la imagen de Nicaragua.

Según el canciller Santos, los 27 gobiernos de la Unión Europea están equivocados, han sido mal informados, e incluso han sido manipulados, porque aquí en Nicaragua no está pasando nada, no existe acoso ni persecución a las asociaciones civiles, no se ha desatado la violencia política contra ninguna persona u organización, ningún partido político ha sido ilegalizado, y todo este clima internacional de preocupación ha sido fabricado por “una sola persona”.

El lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, el canciller fue superado por el embajador ante la OEA, Denis Moncada Colindres, y por el Procurador Hernán Estrada, quienes proclamaron campantemente que el presidente Ortega “es el principal promotor de la institucionalidad democrática en Nicaragua”, y que las denuncias sobre sistemáticas violaciones a los derechos políticos responden a una campaña mediática para “deslegitimar las elecciones municipales y sabotear la victoria del FSLN”.

Parece que el gobierno no quiere entender que esta preocupación sobre el deterioro de las libertades y el clima democrático en Nicaragua viene de las 27 capitales europeas y es igualmente compartida en el hemisferio americano. Y que esto es un asunto de Estado, no de personas, de percepciones o de titulares en los periódicos. Y que si los gobiernos hacen pública esta preocupación, derivada de esta escalada de incidentes, es porque Nicaragua tiene compromisos políticos internacionales que está obligada a respetar, para que la cooperación internacional fluya con normalidad.

En otras palabras, si el gobierno no quiere escuchar o finge demencia ante este campanazo de alerta de la comunidad internacional, estamos ante un acto de gran irresponsabilidad contra los pobres, porque a final de cuentas, siempre serán los nicaragüenses más pobres los más castigados, si el próximo año se produce una reducción en la ayuda presupuestaria y de los programas de cooperación internacional.

Estamos ante una situación que desde hace tiempo rebasó la autoridad del mismo canciller Samuel Santos, de manera que le corresponde al presidente Ortega encararla personalmente. En vez de echarle más leña al fuego prohibiendo la observación electoral y acelerando el aislamiento internacional de Nicaragua, el Presidente está obligado a decirle la verdad a la nación.

Díganos, ¿cuáles serían los costos y las consecuencias de una reducción futura en la ayuda externa provocada por su política irresponsable? ¿Cuál sería el impacto en la educación, en la salud, en las carreteras, en la agricultura, en la reducción de puestos de trabajo?
En vez de fabricar chivos expiatorios para culparlos por el enorme daño que su propia política está causando a Nicaragua, el presidente Ortega debe asumir su responsabilidad como gobernante. El interés nacional exige que Ortega cese las políticas que amenazan y ahuyentan la ayuda externa que tanto necesita el país. De lo contrario, si considera que la ayuda venezolana, aún con la caída en los precios del petróleo, puede compensar una eventual disminución de la ayuda externa tradicional, entonces que nos enseñe las cifras con transparencia. Pero no se puede seguir jugando de forma irresponsable con el futuro de los nicaragüenses, porque siempre serán los pobres, los desempleados y los migrantes, quienes pagarán los platos rotos.