Jorge Eduardo Arellano
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Con frecuencia nos enteramos por los medios de difusión de las obras sociales benéficas sin fines de lucro que realizan algunos de los grupos empresariales más ricos del país.

Los beneficios que tales obras reportan a las personas que las reciben son inobjetables y plausibles, pues por su condición de pobreza material carecen de medios para hacerse de esos beneficios, a los que tampoco pueden acceder a través del gasto público.

Acciones como éstas gratifican el fuero interno de quienes las financian y les prestigian, a ellos personalmente y a sus corporaciones, ante la sociedad. Sin embargo, enorme incoherencia muestran estas personas y sus empresas cuando se aprovechan de su posición monopólica en el mercado para cumplir sus metas corporativas, violentando las normas jurídicas y éticas que deben regir la actividad de negocios. Concretamente me refiero a dos situaciones que están ocurriendo desde hace algún tiempo:
1ª) El cartel azucarero condiciona la venta de cada saco de 55 kilos de azúcar sulfatada a la compra de dos bolsones de 10 kilos de azúcar sulfatada empacada.

2ª) El monopolio arrocero vende cada quintal de arroz nacional 70-30 ó 60-40 atado en un “combo” forzoso con dos quintales de arroz importado 96-4 u 85-15.

Tanto la azúcar sulfatada como el arroz nacional, dado que son los más baratos, son los más demandados por las familias nicaragüenses y constituyen artículos indispensables de su canasta de consumo básica.

Esta grotesca práctica de negocios perjudica directamente a todos los agentes del circuito comercial, es ilícita y vicia el recto y normal desenvolvimiento de las relaciones económicas.

En nuestro país parece no existir una entidad institucional que asuma la responsabilidad de velar que no se cometan atropellos de esta naturaleza.

Los empresarios, para dotar de un blindaje de credibilidad a su publicitada Responsabilidad Social Corporativa, deberían ser leales y honestos cumplidores de la simple y llana Responsabilidad Empresarial, la cual les obliga a someterse cabalmente al no escrito código de ética comercial, el cual dicta que nadie debe ser obligado a comprar lo que no quiere.