•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

En el ámbito bancario, son aquellas personas físicas o jurídicas domiciliadas en territorio nacional o en el extranjero que poseen, directa o indirectamente, 20% o más del capital social de una institución bancaria, tanto individual como conjuntamente (esta definición y el porcentaje mencionado pueden variar según la legislación de cada país). Por lo tanto, los créditos relacionados son aquellos que los bancos pueden ofrecer a cualquier empresa perteneciente a su controladora.

El crédito bancario a partes relacionadas es criticado internacionalmente, porque los bancos no se crean con la finalidad de autoprestarse a los mismos dueños. Esta práctica sencillamente genera un trato desigual entre los usuarios del crédito y contribuye a perpetuar la concentración de la actividad económica. La verdadera sanidad de un sistema bancario exige que los bancos simplemente dejen de autoprestarse con los ahorros del público y desistan de continuar perpetuando el status quo.

Las leyes bancarias de los países imponen límites a los créditos a partes relacionadas precisamente para evitar los abusos. Recientemente estos límites han sido reducidos en varios países, siendo una razón importante la de controlar la creciente cantidad de dinero que los bancos de todo el mundo otorgaron antes de la crisis financiera (2008) a sus matrices para capitalizarlas, lo que ocasionó serios problemas financieros y generó numerosas críticas por parte de los usuarios del crédito bancario.

En México, por ejemplo, hasta febrero 2011 el límite de los préstamos bancarios relacionados era el 50% del capital básico del banco otorgante del crédito. A partir de marzo 2011 este límite se redujo al 25%, como resultado de la fuerte presión social que venía criticando la práctica desleal de las entidades del sistema bancario de realizar excesivos autopréstamos entre las empresas controladoras y/o negocios hermanos y sus bancos filiales.

En Nicaragua, la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, Ley 561 (noviembre 2005), establece que el monto de las operaciones activas realizadas por un banco con todas sus partes relacionadas, tanto individualmente como en conjunto, no podrá exceder de un 30% de la base de cálculo del capital, incluyendo en ese porcentaje las inversiones bancarias en obligaciones emitidas por las mismas personas relacionadas.

El límite en Nicaragua es elevado comparado con el 20% de algunos bancos europeos y estadounidenses, e inclusive con el 25% mexicano. En general, límites altos de crédito a partes relacionadas implican mayores riesgos para los depositantes.

Tratándose de empresas no bancarias que cotizan en bolsa, las operaciones entre partes relacionadas han protagonizado en Estados Unidos muchos de los fracasos y fraudes contables de los recientes años.

La promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley (2002) o las acciones ejecutorias contra entidades registradas en los mercados emergentes han subrayado la complejidad y riesgos en el reconocimiento y revelación de las operaciones de partes relacionadas.

En la práctica las empresas relacionadas pueden registrar transacciones ficticias, como la cancelación de bienes y/o servicios sin que realmente hayan sido prestados. Además, los precios de transferencia constituyen uno de los mecanismos más utilizados para “maquillar” los estados financieros, y por ello los auditores deben considerar las operaciones a los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

En definitiva, al evaluar el control interno el auditor está obligado a conocer las transacciones con partes relacionadas y la esencia de dichas transacciones y exigir los soportes que sustenten las mismas, a fin de evaluar adecuadamente los riesgos implícitos y emitir una opinión sustentada sobre los estados financieros.

 

* Economista. MBA.