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Nuestro país, que tiene un récord de veinte constituciones políticas entre promulgadas y nonatas; leyes transitorias de garantías y estatutos; no tiene paz porque ha hecho del poder el sujeto de su historia, y no la legalidad ni la institucionalidad. Esto, pensándolo con toda la seriedad que exige, nos da pie para hacer algunas consideraciones sobre este tema que trasciende en la realidad social y política que vivimos los nicaragüenses.

Primero que todo, veamos que la historia de nuestras constituciones es paralela al desarrollo de algunas de las dictaduras militares personales o colectivas que hemos padecido a veces por décadas, o es resultado de los intereses del hombre fuerte o de los pactos prebendarios entre los grupos políticos.

Segundo, la Constitución Política se entiende como la ley de leyes en el decir corriente de los conocedores del derecho, y en el sentido moderno, la ley suprema de una república. En nuestro país la Constitución Política está subordinada al poder y el pueblo directamente no expresa su voluntad, sino que el que pacta o suprime los principios y los derechos y deberes de los ciudadanos es el caudillo, el general y sus allegados.

Tercero, la idea de que la Constitución Política no es para durar sino para satisfacer los apetitos y ambiciones de los políticos o militares de turno, cada vez que desean continuar en el cargo presidencial. Ha sido la peor de las prácticas que se haya tenido, porque esto nos ha llevado a rebeliones y revoluciones.

Aunque las revoluciones y alzamientos no pueden verse como efecto inmediato de cambios de constitución o de reformas, la verdad histórica es que sí han producido guerra civil. Solo basta una breve retrospectiva y se verá cómo en la historia de nuestro país, cada vez que se alcanza libertad en la Constitución, el caudillo o “el hombre”, como dicen algunos, se encarga de hacer retroceder los logros en materia de derechos y libertades. Puede ser que en Nicaragua aún se viva en aquella mentalidad caudillista premoderna.

Cuarto, el doctor Emilio Álvarez Montalván ha encontrado varias características de la vieja cultura política nicaragüense, entre ellas la antigualla del patrimonialismo, que hace del Estado una propiedad y usufructo de la familia del gobernante; es mejor llamarlo un vicio que se conjuga con los poderes omnímodos que se autorrecetan los presidentes.

Y como dice el escritor Anastasio Lovo en un ensayo magistral titulado “Cultura y Poder”, el caudillismo es un rasgo característico de la cultura política nicaragüense y ha sido efectivo en medio de nuestro atraso secular, porque “el hombre dice Fiat Lux y la Luz se hace”. Esto indica que le atribuimos poderes no políticos sino mágicos al caudillo.

Las constituciones políticas son para durar porque antes deben pensarse, consultarse y consensuarse con el pueblo, y porque constituyen precisamente todo el ordenamiento jurídico de un Estado que da la paz y la estabilidad a la sociedad, y no el comienzo de una guerra.

 

* Profesor.